Después de que Amanda Gómez Nava, quien fue designada como Auditora Superior, sin saber qué es una cuenta pública, la percepción hacia los diputados locales es de desconfianza.
La falta de credibilidad en los procesos de selección fue evidente ayer mismo cuando cinco de los 16 candidatos para ocupar una plaza en el instituto de Transparencia se ausentaron a la entrevista.
Las ausencias para un sitio en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) retratan perfectamente lo que escribí en este espacio la semana pasada, cuando hablé de lo indigno que resultó la votación de nuestros legisladores al ungir a Amanda Gómez.
Aunque existen excelentes perfiles para ocupar la vacante de comisionado, está claro que no todos tienen las ganas de prestarse al circo mediático y avalar una convocatoria que al final terminará por imponer a quien desde otros escritorios se eligió sobre la persona más capacitada.
Marco Antonio Arredondo Corona, José de Teresa Salcedo, José Gil Jiménez y Flores, Vicente López de la Vega y Aldo Vargas Flores, fueron los ausentes.
Un agravante sería, en caso de confirmarse, que habrían llamado a Marco Antonio Arredondo, que sería el primero en comparecer, para pedirle que no se presentara a la entrevista y así dejarle espacio a Rita Elena Balderas Huesca y Rosa Isela Molina Velázquez, las favoritas para ocupar el cargo.
Si como en cualquier empresa o colegio se buscara a la persona más preparada, seguro en lo más alto de la lista estaría Norma Estela Pimentel, la única de los asistentes que llegó realmente preparada para responder y hablar sobre la transparencia, sus procesos y la importancia de esta en la sociedad.
Sin embargo y pese a que reconozco sus cartas credenciales, su defensa por el tema y hasta su activismo, lo cierto es que difícilmente estará en la terna final.
En esta ocasión los diputados tienen una tarea titánica y no hablo exclusivamente del proceso de selección o de poner atención a las preguntas y respuestas de las entrevistas, tampoco de leer las semblanzas y CVs de los aspirantes a un puesto de siete años, si no de la confianza que tendrán que volver a ganarse y ahí es donde realmente tienen mucho trabajo por hacer.
Me encantaría pensar que esta vez tendrán un poco de dignidad y votarán en conciencia o al menos elegirán a un perfil que sea imparcial y preparado para garantizar uno de los derechos que menos gusta a los “sujetos obligados”, sin embargo, suena utópico.
¿Cómo votarán nuestros “representantes” (así con comillas)?
Veremos y diremos.