Cuando el diputado local Carlos Evangelista Aniceto pensaba que había librado las denuncias en su contra por la repartición, o mejor dicho el agandalle, de las candidaturas de Morena en 2021, un revés de los magistrados revivió la pesadilla.
Ayer los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México revocaron una sentencia anterior y dieron la razón a Sabina Martínez Osorio y su expediente SCM-JDC-260/2022.
La demandante acusó que Evangelista cometió nepotismo al entregar candidaturas a su hermano Juan Manuel León y a su esposa Julieta Vences.
Básicamente los magistrados revisaron el calendario y encontraron que la denuncia sí había sido entregada dentro del plazo que estipula la ley y por lo tanto pidieron que el Tribunal Estatal del Estado de Puebla (TEEP) revise la denuncia.
Aunque aún no se define si Evangelista pudo o no servirse de su posición para beneficiar a sus familiares, es previsible que los magistrados locales encuentren, cuando menos, elementos para suponer que la candidatura que hoy tiene como diputada federal plurinominal a su esposa caería en ese supuesto.
A este caso se le suma el detalle de que la diputada Julieta Vences recientemente externó sus intenciones de ser candidata a la gubernatura de Puebla en 2024.
Con esos antecedentes será difícil imaginar que pueda cumplir y hacer cumplir la ley, como se demanda.
El rentable Pueblito
Que el Cereso de San Miguel fue por años la caja chica de muchos directores, custodios y hasta proveedores no resulta sorprendente, lo asombroso es que cada semana se recibían ganancias de hasta 3 millones de pesos por sobornos, moches o mordidas.
Una farmacia, gimnasios, tiendas y cuartos VIP fueron parte de las estructuras que demolieron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, atendiendo las órdenes del gobernador, Miguel Barbosa.
Las fotografías del antes y el después permiten dimensionar el enorme espacio físico del que ya se habían adueñado algunos de los reos, que gozaban de privilegios e impunidad a cambio, ya se dijo de una módica cantidad que rondaba el medio millón de pesos diario.
Pensar que tal cantidad de efectivo se mueve impunemente dentro del penal de San Miguel nos permite entender porque muchas administraciones tuvieron complicaciones para erradicar la corrupción dentro del Centro de Reinserción Social.
Confiemos en que estas acciones también lleven otras colaterales como un programa de empleo remunerado dignamente para quienes compurgan –con o sin sentencia- una pena.
También en que se permita el paso de medicamentos, bajo receta y con el control necesario, para quienes requieren de los fármacos por accidentes o enfermedades.
Y ya que estamos en esto, la estrategia de erradicar el efectivo dentro del Cereso, como ya se realiza en algunas cárceles federales, ayudaría a evitar que nuevamente los billetes compren conciencias.
Por lo pronto el patio del área varonil luce con un nuevo rostro, uno en donde la autoridad se impone y recupera un espacio que había ganado la delincuencia.
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