La corona mexicana de exportaciones agropecuarias está conformada por cinco refulgentes joyas, cada una exportando por encima de dos mil millones de dólares al año. Cerveza, aguacates, frutillas (berries), jitomates y tequila. 

La más importante de ellas, la cerveza –rebasando cuatro mil millones y medio de dólares– tiene un efecto real en la economía primaria relativamente menor, con el duopolio productor en manos extranjeras y con mínimas compras en insumos nacionales. Podemos observar esto marcadamente en los empleos que generan, apenas unos 60 mil directos, y menos de 5 mil familias que se dedican a la producción de cebada cervecera. 

No obstante, el aguacate es una historia distinta, y un reflejo de sus gobiernos y circunstancias.  

Tan solo en el estado de Michoacán se generan 300 mil empleos en la exportación. Parte de este éxito deriva del privilegio que tiene la entidad purépecha al ser el único estado con autorización para exportar a Estados Unidos. Sin embargo, la violencia permea a lo largo de la cadena productiva. Desde los cobros de piso, pasando por las cuotas por cada camión y tonelada que sale, hasta muestras más violentas como las tres narcofosas –con once cuerpos en ellas –encontradas entre plantíos en una huerta de aguacate cerca del poblado de Caltzontzin. 

Esa exclusividad michoacana de exportación –basada en el control fitosanitario y la trazabilidad de sus productos– acaba de ver su racha de 25 años interrumpida con la entrada de Jalisco. Como lo comentamos en este espacio desde inicios de año, el proceso que inició hace más de una década por fin vio sus frutos madurar, con 220 toneladas partiendo de Zapotlán el Grande hacia Estados Unidos. 

Y aunque pudiera parecer latente el riesgo de que se repliquen las situaciones de violencia aguacatera –la zona es disputada por los mismos grupos delincuenciales, Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Nueva Familia Michoacana (Carteles Unidos) y Los Caballeros Templarios– la situación pinta para verse más controlada gracias al gobernador de Jalisco. 

El emecista Enrique Alfaro, a través de su familia extendida –los Alfaro-Aranguren-Herrejón– son dueños de vastas superficies aguacateras. Tan solo el padre del gobernador, y ex rector de la UdeG, tiene a su nombre más de 30 hectáreas de sembradíos. Sabrán donde no meterse. 

Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y su titular Ana Laura Altamirano, anunció apoyos en la región de Chichiquila para impulsar este cultivo. Lamentablemente las capacidades gubernamentales no apuntan para armar un plan integral que permita exportar a Estados Unidos, probablemente primero veremos al Estado de México o Nayarit, y chance y hasta nos rebasan Colima y Morelos. Esto no significa desdeñar un voraz mercado interno, eso sí, dos dólares por aguacate suenan fenomenales. 

A esta noticia se suma el levantamiento del veto costarricense para importar, tras siete años, aguacates mexicanos. Esta medida, que subrepticiamente buscó desarrollar una industria nacional con una excusa fitosanitaria, fracasó y nos regresa un mercado de 15 mil toneladas. Algo así como la totalidad de lo producido en todo el estado de Puebla, sesenta y seis veces menos que lo que exporta Michoacán, y ciento y tantito menos veces que lo que producimos. Y eso que el aguacate lo domesticaron nuestros ancestros por Coxcatlán, allá por Tehuacán. No vaya a comerse un aguacate, por eso de los corajes.