La resiliencia agroindustrial mexicana se hizo notar durante y después de los momentos más graves de la pandemia COVID. Sin embargo, pese al sostenido crecimiento del sector, los empleos formales del campo se han estancado desde hace casi cuatro años. En cifras comparables nos hemos estancado en seis millones y medio. Empleos formales, cabe destacar. 

Como parte de la reforma al outsourcing (subcontratación) la Secretaría del Trabajo instauró un lío. Las empresas que se dediquen a exportar, empacar o distribuir, ahora deberán contratar directamente a los empleados de corte, cosecha y recolección. En la realidad, la temporalidad de los ciclos productivos vuelve incosteable e impracticable para los patrones contratar gente directamente… legalmente. 

Una buena técnica legislativa permite crear instrumentos jurídicos que puedan cumplir los objetivos principales, sin crear un desgarriate en el camino.  

Vea otro ejemplo con la economía circular, que busca reutilizar lo ya generado y reducir todo lo posible generar residuos. 

En Oaxaca, en 2019, el congreso local decidió meter en su ley para gestionar los residuos que estaba prohibida la venta, uso o distribución de botellas PET o envases de unicel. La reforma, con un fallo que tardó ¡tres años!, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia ante un amparo interpuesto por Coca-Cola y los Oxxos. Pillos sí son. 

Faltará ver como reacciona el principal proponente de esta medida, el diputado local Horacio Sosa Villavicencio, quien ha buscado clausurar la oaxaqueña empresa de refrescos GUGAR. Si le suena el personaje será por participar con su hermano Flavio en las turbulencias sociales de la APPO, allá en 2006.  

Puebla ha tomado rutas más constructivas. En días pasados vimos a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial desplegando la primera mesa de trabajo para construir la estrategia de bioeconomía circular y social para la entidad. 

El evento, con sede en la Ibero Puebla y tutelada por la subsecretaría de gestión ambiental y sustentabilidad energética, busca generar una hoja de ruta y proyectos estratégicos para modificar cómo consumimos y producimos.  

La dependencia estatal ha buscado incidir en sus áreas de competencia, como con la actualización a la Ley de Cambio Climático, misma que, aunque lista, se ha empantanado en la política local de guindas, verdes y naranjas. No vaya a creer que tenemos una dirección de cambio climático, ciudades inteligentes y transición energética para nada, sí desquitan el salario. 

No obstante, será en el Senado donde veremos una mayor intensidad legislativa. El senador por Puebla, Alejandro Armenta, recién ungido en la presidencia de la cámara alta, tiene una larga lista de pendientes. Desde temas de agua, medio ambiente y cambio climático hasta la ley sobre la mariguana. Lista larga y nada fácil. Las leyes como las salchichas, mejor no ver como se hacen; con que queden buenas.