Como se venía anunciando desde la primera semana de agosto, cuando el Ejecutivo Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para trasladar el mando de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, el pasado 31 de agosto envió la iniciativa al legislativo para permitir la entrega del control operativo, administrativo y financiero a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La iniciativa se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del viernes 2 de septiembre, y se prolongó hasta la mañana del sábado 3 septiembre, con 265 votos a favor y 219 en contra, más una abstención.
Los diputados aprobaron la modificación de 4 leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea, de esta forma y con argucias legislativas evitaron un reforma constitucional que hubiera requerido de los votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes de la votación de los legisladores presentes en la sesión), violando el acuerdo que suscribió el presidente López Obrador con la oposición en el 2019, para obtener los votos para la creación del cuerpo de seguridad. Ese acuerdo señalaba que la Guardia Nacional respondería siempre a un mando civil y nunca militar.
Para quien esto escribe es importante analizar qué se pretende con la militarización de la seguridad pública y cuáles pueden ser las consecuencias para México.
Desde el sexenio (1940 – 1946) del General Manuel Ávila Camacho, quien fue el último presidente militar, las Fuerzas Armadas no habían tenido tanto peso político y presupuestal como lo tienen hoy con el presidente López Obrador.
La militarización de la Guardia Nacional convierte a las Fuerzas Armadas en la institución mas poderosa y con mayor presupuesto de todo el país, superando ampliamente el gasto de la Secretaria de Educación Pública. Tenemos un gobierno que reduce el presupuesto destinado a la educación de nuestros niños, desestimándola como una estrategia a mediano y largo plazo para reducir los índices de violencia en nuestro país. Tener ciudadanos educados y preparados con acceso a oportunidades de desarrollo profesional, minimiza las posibilidades de reclutamiento por parte del crimen organizado y los índices de delitos del fuero común.
Por el contrario, decide robustecer el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sin explicar para qué lo hace y cuál es el beneficio para los mexicanos, porque al día de hoy, la única estrategia de seguridad es la multimencionada abrazos y no balazos, sobra decir que la misma ha fracasado e incluso hincó al Estado mexicano ante el crimen organizado con la liberación en Sinaloa de Ovidio Guzmán.
Afortunadamente, esta iniciativa se discute también en el Senado de la Republica a partir del 6 de septiembre, al recibir la minuta de la Cámara de Diputados y turnarla a la discusión en comisiones. La postura del senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, ha sido mas que clara, es necesaria una reforma Constitucional y no una reforma a las leyes secundarias.
El Senado no es un apéndice del Ejecutivo y harán valer su autonomía, incluso cito a Montesquieu en referencia a su teoría sobre la distribución de las funciones del Estado y la separación de poderes.
El también coordinador parlamentario de Morena en el Senado ha acusado la presión de distintos grupos pertenecientes a su partido, para aprobar de manera fast track la reforma propuesta por el presidente López Obrador.
Este será un difícil estreno para el nuevo presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, quien ha demostrado tener el oficio político y el adecuado conocimiento de la ley para hacerla valer.
¡Senadores por encima de la ley, nada ni nadie!
