En entregas pasadas hemos llevado recuento de los periplos del gobierno federal para controlar la inflación. Evitar cobrar los impuestos asociados a la gasolina ha costado cientos de miles de millones en recaudación, pero la jugada parece haberle salido a la federación una vez que los costos de los energéticos se estabilizan, al menos en esta parte del planeta.  

En alimentos se ha tenido menos suerte. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no ha podido domar el precio de ninguno de los elementos de la canasta básica, o casi ninguno.  

Aunque la tortilla, especialmente el precio de la harina nixtamalizada, ha escalado salvajemente durante el gobierno de la 4T, el presidente se anotó una victoria mediática al hacer pública la decisión de GRUMA de congelar el precio de la harina durante medio año.  

Ante la negativa de industrias y comercializadoras por disminuir los márgenes de ganancia se levanta una seria duda, ¿qué ofreció el presidente para convencer a la mayor empresa tortillera del mundo?  

La atención sin duda se movió hacia la discusión de la NOM-187, que regula la industria de las tortillas al definir los aditivos, procesos de nixtamalización y maneras de publicitar los productos.  

Gran parte de la discusión se centra en la no obligatoriedad de declarar todos los ingredientes y aditivos usados, así como la capacidad de realizar una nixtamalización más industrial, que no requiere el proceso completo del remojo.  

Estas legislaciones, de manera indirecta - pero muy directamente- buscan beneficiar al oligopolio harinero de GRUMA (Maseca) y Minsa.  

La última versión conocida de la norma oficial mexicana data de finales de mayo de este año, cuando esta tuvo que estar lista para abril, tras un proceso que va para tres años. Esto puede ser atribuido al cambio del titular de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.  

El cambio de Guati Rojo por Montemayor Treviño - incondicional de la titular de Economía, Tatiana Clouthier- parece ser una excusa burocrática ante lo que es una discusión ideológica dentro del gobierno. Favorecer una producción artesanal y arriesgarse a una escalada de precios ante el encarecimiento del proceso industrial previo, o decantarse por una cadena de proveeduría industrializada impulsada por mayores márgenes de ganancias para pocos.  

El presidente, pese a discursos, se ha doblado ante los intereses de las cadenas comerciales. Vemos por ejemplo su negativa de sancionar los artificialmente bajos precios de tortillas en los grandes supermercados nacionales.  

Esta propuesta afecta directamente a las más de 100 mil tortillerías, además de la nutrición de millones, casi todo el país. Pero del otro lado está mantener la estabilidad de la tambaleante canasta básica.  

La industria avanzó hasta 2003 sin una reglamentación propia, recibiendo en 2013 una manita de gato legislativa. Parecería que será hasta el siguiente año, otra década después, cuando veremos a la Secretaría de Economía moverse. La tortilla está en el aire.