La ética en el servicio público es uno de los temas más relevantes de nuestros días.
El comportamiento ético de las personas que colaboran en las instituciones gubernamentales ha servido para el desahogo de las campañas políticas de los últimos años, ya que toca un sentimiento profundamente arraigado en la comunidad, de molestia y coraje por el abuso en los cargos y por el evidente desvío de recursos públicos a destinos privados.
Cuando la prensa da a conocer fastuosas residencias, lujos excesivos, cuentas en paraísos fiscales, o alguna de las calamidades en las que se traducen los comportamientos antiéticos o, puntualmente corruptos, la reacción social es enorme y la multiplicación de impactos convierte en tendencia cada descubrimiento.
Las notas que dan cuenta de actos de corrupción y la molestia ciudadana que esos fenómenos provocan, se basa en que tales conductas significan una manifestación amplificada de una traición grotesca a la confianza ciudadana.
El servicio público implica la capacidad de servir a los demás y, por lo tanto, nada más antitético para su desempeño que el abuso de esa responsabilidad para servirse a uno mismo o para favorecer a un líder o movimiento.
También son actos antiéticos el incumplimiento del deber jurado o la violación contumaz de la Constitución y la ley, porque afectan de manera grave la gobernabilidad, la paz, la seguridad, la transparencia y el bienestar de la población.
Si definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, medirla, lo es aún más.
Es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para medir la incidencia y el costo de la corrupción en México, no es suficientemente valorado el más grave de sus efectos, el daño que causa en la confianza sobre el sistema democrático.
La corrupción engendra resentimiento y cólera frente al gobierno que, gradualmente, se traslada en desconfianza hacia el sistema democrático que permite ese fenómeno.
Es un hecho que la corrupción en México sigue presente y cada día se dan a conocer mayores detalles hasta en obras publicadas como “el rey del cash”.
No hay una estrategia institucional, integral y nacional, para combatir la corrupción y tampoco se han fortalecido los instrumentos judiciales y fiscales para recuperar activos robados, reparar daños a víctimas y desmantelar las redes de corrupción existentes.
El optimismo se ha esfumado. El secreto y la falta de transparencia se están convirtiendo en el denominador común del ejercicio de gobierno.
Frente a la opacidad, tuvo que ser una acción de ataque cibernético, el que permitió conocer muchos temas del manejo de este gobierno que, en términos legales, deberían ser públicos y no dejan de ser, en muchos casos, actos de corrupción.
No es el mejor camino para acceder a la infomación, pero espero que sea un detonante para recuperar los criterios de transparencia e información pública que se han dinamitado en estos años y que la sociedad entienda que este gobierno roba, miente y traiciona.