La desgracia nos parece ajena, cuando no nos involucra personalmente. Sin embargo, la crisis nacional de desaparecidos ha llegado a límites que empapan en zozobra al país. No sabemos dónde están – con cifras oficiales – 106 mil mexicanos; algo así como desaparecer, de un plumazo, a todo Teziutlán. 

El trance tiene una macabra continuación. Tenemos más de 50 mil cuerpos y restos óseos - en fosas comunes, morgues y oficinas forenses– que simplemente no sabemos quiénes son.

Para paliar parcialmente esta desdicha se creó, en 2017, una ley en materia de desaparición forzada. Esta mandataba, entre otras cosas, que la FGR creara el Banco Nacional de Datos Forenses. Si ha visto alguna serie policiaca sabrá cómo trabajan. Una base de datos con la información genética de desaparecidos o algún familiar para identificar restos humanos. Lúgubre, pero funcional. 

La Fiscalía lleva años en desacato al ignorar el mandato. A inicios de octubre una resolución judicial la forzaba a crear este banco de información en 40 días, pero la FGR se amparó para no cumplir.  

Uno de los argumentos es que la propuesta del presidente para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, adscrito a Gobernación, resolvería este asunto. Patear el problema hacia adelante, puesto que la iniciativa carece de pies, cabeza o presupuesto para operar. 

Metidos en pleno cinismo, vale la pena preguntar si siquiera queremos tener nuestros datos genéticos en manos del gobierno. Recuerde lo que pasó con la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2017. 

Ese año, el comisionado Roberto Cabrera Alfaro entregó de manera ilegal y económica – en una USB – 49 mil perfiles genéticos a la empresa Central ADN. La empresa, que adicionalmente extrajo las bases genéticas de las Fiscalías de Morelos, Coahuila y San Luis Potosí, perdió una USB con toda la información, al tiempo que nunca informó qué hizo con los datos. 

Me anticipo a atenuar su enojo. Al comisionado se le fincaron responsabilidades y pasará hasta tres años en prisión, además de una multa económica apropiada de ¡3,019 pesos! 

La semana pasada, la Secretaría de Marina recibió licencia para operar su Laboratorio de Farmacología y Toxicología. Esta ocupación, se anticipa, servirá para apuntalar sus funciones en aduanas y puertos, lugares donde se reciben los más diversos tipos de importaciones alimenticias, médicas e industriales. Estas identificaciones, que eran realizadas por la COFEPRIS, el SENASICA y un puñado de empresas civiles, pasarán a la caja negra de las fuerzas armadas, donde no tenemos idea de cómo se manejan las cosas, hasta que llega un hackeo.

No solo son los riesgos en incapacidad, corrupción y rendición de cuentas al militarizar funciones civiles, esta vía evita que florezca un ecosistema empresarial. Vea la recién pasada ExpoGenealogía 2022, donde las empresas mejor vienen de Israel, EUA, o fondeadas por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Regresamos a las cosas por la fuerza o la autoridad de la iglesia, no vaya a ser que el individuo autónomo se nos salga del redil.