El plazo venció. Desde hace meses y con más fuerza en las últimas dos semanas, los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), exigieron al Senado la designación de comisionados para poder continuar sesionando.
Pero la opacidad, corrupción, la negativa a rendir cuentas, pudieron más. Andrés Manuel vetó a los dos primeros comisionados electos y con ello prolongó la agonía del INAI.
Al inquilino de Palacio Nacional le molesta que le demuestren que miente, que su gobierno hace contratos por debajo del agua, que entrega obras de manera discrecional y que su discurso, de acabar con la corrupción, es falso.
Casos como Segalmex, un robo 10 veces mayor que la Estafa Maestra; el de la Casa Gris; las obras en Dos Bocas o el Tren Maya; así como el tema de los bancos del Bienestar, han sido el ariete de Andrés Manuel.
Ayer jueves, en la última sesión del pleno del INAI, antes de que la salida del comisionado Acuña y la ausencia de dos vacantes más impida el quórum legal, se aprobó que existe un interés público y que por lo tanto la UNAM deberá entregar una versión pública del título profesional de AMLO.
“El interés prevalece sobre los servidores públicos y sus estudios”, recalcó la comisionada, Julieta del Río Venegas.
Así el tamaño de la importancia de la transparencia en un país donde debemos pelear por los contrapesos y el derecho a la información.
Oídos sordos hicieron los morenistas de la 4T en el Senado, incluido el presidente Alejandro Armenta, quienes escucharon de viva voz las aguerridas palabras de la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra.
El INAI también incomoda a López Obrador por determinaciones como la de ayer, en donde se aprobó interponer una controversia constitucional en la SCJN por el Plan B de Andrés Manuel.
Con la pausa obligada que la 4T coloca al instituto de transparencia pierde la democracia, pierde el país… pero eso no importa porque al final se impuso el capricho del tlatoani.
48 horas de la tragedia: ningún detenido
A pesar de lo inhumano de las escenas del incendio y de la muerte de 39 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, al cierre de esta columna, el gobierno federal no ha hecho oficial la detención de ninguna persona, menos ha reconocido que se trató de una masacre provocada por el propio Estado.
Lo que sí se supo y no por el gobierno de Andrés Manuel es que la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) S.A. de C.V., fue la responsable de la “seguridad” el 28 de marzo, cuando 39 personas murieron atrapadas en las llamas y otras 28 más presentaron heridas graves.
La firma, que entre sus elementos están quienes se negaron a abrir los candados para que los migrantes pudieran huir del fuego, es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en México: Elías Gerardo Valdés Cabrera.
Además de las estaciones migratorias, Seicsa vigila Bancos del Bienestar y oficinas de la FGR. Por estos y otros servicios, el gobierno de Andrés Manuel le ha entregado más de 3 mil millones de pesos en contratos.
¿Ahora ve porque es urgente que el INAI vuelva a contar con todos sus integrantes y sesione?
¿Hasta cuándo cumplirán los senadores con su obligación de seleccionar a tres comisionados?
Veremos y diremos.
