Hace poco existió una querella en la CDMX que le parecería de las muchas: un vecino se quejaba por el ruido y contaminación generado por una veterinaria en una zona habitacional. La zona no permitía ese tipo de giros, caso ganado, pero la defensa sorprendió a todos. No se estaba prestando un servicio de animales domésticos, era a miembros de la familia; lo que al ser un negocio de bajo impacto era permitido según el juez. 

¿Qué cómo? Pues el Poder Judicial de la Federación consideró que perros, gatos y demás animales de compañía pueden ser de la familia, formando lo que se conoce como familias interespecie. Así como lo lee. Familias legalmente formadas por integrantes de diferentes especies. Armadas por Homo sapiens, Felis silvestris catus, Canis familiaris y todo lo intermedio, con derechos exigibles por jurisdicción. 

Es una realidad que las familias actuales se han diversificado de las definiciones más rígidas de papá, mamá e hijos. Negar lo contrario sería negar las realidades sociales de madres y padres solteros, parejas del mismo sexo, adoptados y demás combinaciones civiles.  

En nuestro país hay cerca de 25 millones de niños de menos de 14 años, mientras, habitan 16 millones de gatos y 43 millones de perros en nuestras casas. Es una realidad –por las razones que sean– que los jóvenes tienen menos interés en tener hijos y prefieren una mascota. Por supuesto que dichos animales proveen compañía, cariño, protección y apoyo, volviéndolos inherente parte de nuestra familia, pero… ¿hasta qué grado? 

Hacer esto es considerar a los animales no-animales, otorgarles características de humanos, humanizarlos. Aunque dónde trazar la línea es enormemente subjetivo. Si existen animales para el consumo humano, ¿quién decide cuáles? 

Existe una corriente de derecho que “aboga por un medio ambiente en armonía, de coexistencia entre las especies, donde todo acto que implicara la muerte de ‘un ser vivo’ no puede escapar de la protección del Estado”. Pero el mundo no funciona así, ni la naturaleza, ni el medio ambiente.  

Aún así, con esa lógica la jueza Blanca Alicia Lugo Pérez aceptó un amparo de varias sociedades civiles protectoras de animales para prohibir las dos corridas de toros de la Feria de Puebla. La capacidad jurídica de la jueza está más allá de la crítica de quien escribe esto, sin embargo, la lógica no está de su lado.  

Como hipótesis de trabajo piense en un perro mediano –que tenga la jueza o rescata alguna de las sociedades civiles– y lo que debe de dársele de alimento. Un toro entrega unos 300 kilos de carne (sí, los de las corridas también van al carnicero), lo que un perro de talla media se comerá en medio año. Más fácil, 20 perros se comen en un año la totalidad de toros que “salvaron” por cancelar las corridas de toros de la Feria de Puebla. No, no puede alimentar a los perros con otra cosa que sea carne, es su naturaleza.  

Matar y convertir animales en carne está bien si no lo veo, si no lo sé, si me entregan la carne en prístinas bandejas en el súper o redonditas croquetas en una bolsa. No es apología a la innegable violencia en un ruedo, es crítica al cinismo por las causas facilitas y el juicio del corazón sobre la razón.