¿Cuántas mujeres más tendrán que poner en riesgo su vida y acudir a una clínica clandestina en Puebla o viajar hasta la Ciudad de México para realizar la interrupción de su embarazo, mientras los diputados siguen pensando sí dan luz verde a los derechos reproductivos de las mujeres?
La interrogante viene al caso debido a que el tema de la despenalización del aborto en Puebla, un asunto que ya tiene años manoseándose, nuevamente será aplazado.
A decir del presidente del Congreso, Eduardo Castillo, las iniciativas que recientemente ingresó la diputada Mónica Silva para que se reforme el Código Penal y con ello se despenalice el aborto, así como la Ley Estatal de Salud, para establecer que los procedimientos se realicen con un trato digno, confidencial, autónomo y bajo la NOM-046-SSA2-2005, podrían comenzar a discutirse hasta septiembre.
El problema, además de los dos meses y medio que habría que esperar, es que, para septiembre, cuando comience el nuevo periodo ordinario, las preocupaciones del Congreso local y los diputados serán otras.
En el próximo mes patrio los legisladores estarán en la disyuntiva de reelegirse, dar el salto a alguna de las 217 presidencias municipales de Puebla o lanzarse a competir para quedarse con un espacio en San Lázaro.
A la par del proceso electoral, que ya está bastante avanzado, quienes realmente no estén en la vorágine electoral tendrán mucha tarea con el tema de la conformación del presupuesto para 2024 y otras, propias de ese periodo legislativo.
En otras palabras, difícilmente su atención se centrará en retomar las discusiones que se presentaron a favor y en contra durante el Parlamento Abierto que se realizó en la legislatura anterior.
La votación para interrumpir legalmente el embarazo, una práctica que con o sin el permiso de los legisladores se realiza en Puebla, sólo requiere de la voluntad de las y los diputados.
Las dos legislaturas pasadas fueron emanadas de Morena, con mayoría aplastante, lo que les daba la facilidad de modificar las leyes para garantizar los derechos de las mujeres, pero faltó voluntad.
Esperemos que en esta ocasión se rompa con ese patrón, arrastrado de legislaturas anteriores, donde los diputados tardan la mitad de su periodo en acomodarse y entender el proceso legislativo y cuando ya lo logran se les vienen los tiempos electorales y evitan los temas que generan controversia y costos políticos.
Considero que existe interés en este tema en particular. Son varios los diputados y diputadas que han manifestado abiertamente su voto a favor o en contra, pero pareciera que cargar con el costo electoral rompe las agendas legislativas de las bancadas.
El caso Antonia Correa
En España, donde el aborto es legal, una mujer interpuso una queja en los tribunales para denunciar que en su provincia, Murcia, le dijeron que tenía que trasladarse a Madrid si deseaba abortar.
La batalla que Correa inició en 2015 es icónica. La orden del Tribunal Constitucional para que Murcia la indemnice es el reflejo del largo y tortuoso camino que durante ocho años realizó.
“Es verdad que a mí ya no me solucionan nada, pero espero que nadie tenga que volver a pasar por esto”, fue parte de la declaración que dio ante los medios tras conocer el resolutivo.
¿Ejemplos como este servirán para hacer reflexionar a nuestros diputados y diputadas?
Veremos y diremos.
