El día de ayer una tortillería de la Ciudad de México salió en la portada del periódico gringo «The Washington Post».

Salir en esa portada no es poca cosa. Máximas audiencias en uno de los cuatro medios más importantes de Estados Unidos, con relevancia en México, Latinoamérica y el mundo por virtudes propias. Tener una oficina de corresponsales en nuestro país, suma a ese peso específico.

La nota no iba sobre alguna tortillería ganando algún premio, el uso de cierto maíz, o cualquier otro aspecto culinario. Se usaba el tema de la extorsión en la industria de la tortilla en México para ilustrar la crisis nacional que existe de impuestos del narco a la canasta básica.

Que el Washington Post dedique su atención a la extorsión de tortillerías en México es una señal alarmante de cómo la violencia y la corrupción han penetrado en uno de los elementos más básicos y esenciales de la vida mexicana: la tortilla.

La situación descrita en el artículo del Washington Post no es una sorpresa para aquellos que vivimos en este país y somos testigos diarios de cómo la criminalidad se infiltra en todos los aspectos de nuestra vida.

Según el Consejo Nacional de la Tortilla, alrededor del 15% de las tortillerías en México, equivalentes a unas 200,000, son víctimas de extorsión regular. Este es un aumento significativo comparado con hace una década, cuando apenas un pequeño porcentaje enfrentaba tales amenazas.

El control que los grupos criminales ejercen sobre las tortillerías no se limita solo a la extorsión monetaria. También han llegado al punto de influir en la fijación de precios del producto, coaccionando a los propietarios bajo amenaza de violencia. Esto ha llevado a fluctuaciones forzadas en los costos para los consumidores finales, quienes son los que, al final del día, pagan el precio de la inseguridad.

Este incremento en la extorsión no es solo un número; es un reflejo de cómo las condiciones de inseguridad han escalado y de cómo los grupos criminales han encontrado nuevas formas de financiar sus actividades ilícitas. La propia tortilla sirve de ejemplo.

La cadena de suministro de la tortilla ha sido cooptada por la influencia de los grupos criminales. Desde la adquisición de maíz hasta la distribución del producto final, los cárteles han infiltrado y corrompido diversos niveles de la economía. Este control incluye el robo de camiones que transportan maíz, la extorsión a los transportistas y la manipulación del mercado para su beneficio. Este fenómeno no es exclusivo de una región; se ha consolidado en varias partes del país, mostrando una diversificación criminal que el gobierno ha sido incapaz de frenar.

En tortillas, así como huevo, carne, leche, transporte público, gas de tanque y decenas de otros elementos de la canasta básica de nuestras vidas se nos cobra un impuesto del crimen organizado.

Quienes por fortuna no viven en un narcoestado —¿a quién dejas que te cobre impuestos y dicte condiciones económicas? a un estado— igual sufren indirectamente los costos operativos de tener que lidiar con el crimen organizado como cobrador al valor agregado.

Todo el asunto debe leerse críticamente, pues que haya salido en domingo, a una semana de elecciones, para que sea el tema del lunes no es casualidad. Otro integrante del póker machuchón de medios norteamericanos «The New York Times» también llevó a México en portada este domingo, mencionando los 36 asesinatos de candidatos en este proceso electoral. En el otro al menos se veían apetitosas las tortillas.