En la entrega pasada, comentábamos como el secretario de Ramírez de la O glosó a inicios de mes que el sector financiero agropecuario y agroindustrial se encontraba en la más abyecta deriva, pues el cierre de Financiera Nacional Rural, Forestal y Pesquero (FND) “dejó un hueco muy grande de crédito al productor”.

Ese cierre —dictado el año pasado desde Palacio Nacional en una de esas rabietas de austeridad— afectó a más de 80 mil unidades de producción, sacando más de 70 mil millones de pesos del flujo monetario del campo mexicano.

Sí, fue un vil desinterés de la 4T por el campo mexicano, pero el cierre de FND está lejos de ser el último clavo de un ataúd que ya estaba bien enterrado ¿Qué tanto? 6 de cada 100 campesinos estaban incluidos financieramente, esto antes de extinguir FND.

Y aunque “campesino” no represente la totalidad del mundo rural mexicano, lo cierto es que éstas eran las pocas instituciones que atendían buena parte de las necesidades financieras de dicho mundo. O al menos de forma más o menos transparente, pues donde existe una necesidad, existe una oportunidad.

Para paliar esta necesidad histórica, en México se han constituido una cantidad enorme de sistemas alternativos y paralelos de ahorro y financiamiento, demostrando lo complicado de… bueno, crear sistemas alternativos financieros. Leyes, instituciones, todo ha fracasado.

Desde la ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito hasta la ley FICREA, los detalles están de más, la falta de resiliencia y estructura han colapsado todos los intentos. Y es que buena parte del sistema rural de préstamos se basa en la confianza y la pertenencia social. El dinero y la amistad son cosas —dirían los Tigres del Norte— incompartidas.

Un optimista ejercicio comenzado en 1999 de microbancos rurales autónomos, llevados por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), evolucionó en una relevante sociedad financiera comunitaria llamada SMB RURAL. La cosa iba seria pues en 2013 consiguieron la autorización para constituirse por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por 14 años fue la única en el sector que había obtenido el aval bajo la Ley de Ahorro y Crédito.

En 2017, la asociación buscó diversificar la operación creando sociedades financieras independientes, una de ellas en la región de Pahuatlán, acá en Puebla. Hoy, esa misma financiera ha desaparecido de la zona, esfumando más de 6 millones de pesos en el aire tan solo en la región de Hueyapan, donde sus habitantes se han manifestado afuera de la presidencia municipal la semana pasada.

Pero la cosa es más grave, pues en enero de este año la CNBV revocó su autorización financiera, sin que en este momento se sepa legalmente porqué se les quitó la licencia. Con más de 107 mil socios y 33 sucursales distribuidas primariamente entre Oaxaca, Puebla y Chiapas, se ve difícil que sus activos por 216 millones de pesos vayan a servir para liquidar como se debe o acceder a los seguros por depósitos. No le necesita saber al tema financiero para entender que una capitalización del -140% no es buena.

Es una cuestión de justicia económica. La posibilidad de acceder a crédito en condiciones equitativas permite competir con herramientas modernas y no con desventajas estructurales. En lugar de estar atrapados en un ciclo de subsistencia, estos emprendedores rurales podrían invertir en tecnología, mejorar sus procesos productivos y expandir sus negocios.

Con el capital justo, se puede sembrar no solo maíz y frijol, sino también esperanzas y proyectos que fortalezcan la comunidad. Estos proyectos son para dejar la milpa y enfocarse en cultivos de alto valor y posibilidad de transformación, convertir a los campesinos en aspiracionistas empresarios… y ahí es donde todo se rompe.