El trabajo de la Fiscalía debió ser más pulcro y expedito para evitar que las investigaciones contra los -hoy- alcaldes de Chignahuapan, Juan Lira, y de Venustiano Carranza, Marco Valencia, puedan ser interpretadas de manera errónea.

Desde que Fuerza por México decidió apoyar a un candidato en Chignahuapan que estaba señalado por presuntos vínculos criminales, las investigaciones debieron correr y de esa manera tener elementos probatorios lo más pronto posible, y así evitar que llegáramos al punto en el que estamos.

Lo mismo aplica para otras personas, que desde el momento en que se hicieron con una candidatura, se advirtió que existían indicios sobre su probable conexión con el Crimen Organizado.

El tortuguismo en las investigaciones y en el accionar de la FGE permitió que las elecciones en ambos municipios se vieran atravesadas por una ola de violencia descomunal, misma que terminó por romper la cadena de custodia de los votos, a tal grado que las boletas llegaron casi casi por arte de magia a escuelas o puntos concentradores, en cajas de cartón y de ahí se trasladaron a Puebla.

Esos elementos bastaron para que el IEE no pudiera declarar validez de la elección en estos dos municipios, pero no alcanzaron para que los tribunales federales ratificaran la determinación local y por el contrario, consideraron ganadores a ambos candidatos.

El intento del Tribunal Electoral del Estado y del Congreso local para evitar, al cuarto para la hora, que personajes con señalamientos dirijan el rumbo de alcaldías tan importantes terminó por exhibirlos, por extralimitarse en sus atribuciones.

Ahora que ambos rindieron protesta, las palabras del fiscal, Gilberto Higuera Bernal, cobran otra dimensión.

“Nunca, en ningún caso, la Fiscalía General del Estado va a dejar de cumplir su función y de resolver, trátese de quien se trate”, dijo ayer en la rueda de prensa, ante los cuestionamientos sobre el proceso que se sigue en contra de Juan Lira.

A toro pasado, puede interpretarse -erróneamente- como a una revancha política, cuando en realidad todo indicaría que hubo y hay elementos suficientes para continuar con la investigación e incluso que se cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal.

La lentitud de la Fiscalía hace pensar que actúa como un garrote político y deslegitima una investigación que, por sí misma es muy relevante.

En otras palabras y aplicando el clásico, ¿pero qué necesidad?