La inseguridad es una de las asignaciones más urgentes de todos los gobiernos en el país. En Puebla se ha hecho énfasis en el trabajo coordinado que están realizando la administración estatal y los ayuntamientos.
En un primer corte de caja, las cifras que hoy tiene la Fiscalía General del Estado reflejan una disminución en 13 delitos, algunos de ellos de alto impacto como el secuestro o los feminicidios.
Por citar ese par de ejemplo, entre enero y febrero de este año, el secuestro disminuyó en casi 86 puntos porcentuales o para ponerlo en perspectiva, mientras en enero se reportaron siete secuestros, febrero consignó uno.
El delito de feminicidio también mostró una baja. De los cinco casos que se registraron en enero, la cifra disminuyó a uno en el mes pasado. Una caída del 80 por ciento.
Es cierto, que no se pueden comparar directamente ambos meses, pero si miramos en el histórico, esta disminución también se presenta entre los meses de febrero de 2024 y 2025. El año pasado se documentó el asesinato violento de tres mujeres, este, uno.
El homicidio doloso experimentó un repunte entre enero de 2024 (con 64 casos) y enero de 2025 (con 66 casos), sin embargo, en febrero de este año se logró disminuir a 57.
En materia de seguridad no podemos lanzar las campanas al vuelo y falta mucho trabajo por hacer. La percepción de inseguridad que envuelve a los poblanos será difícil de cambiar, pero estos primeros datos nos ofrecen un buen punto de partida.
Recovecos legales
Todas las personas, incluso los delincuentes y los presuntos delincuentes tienen derecho a contar con una defensa. Por desgracia, en nuestro sistema de justicia, es común que quienes tienen los recursos para pagar abogados cuenten con mejores defensores.
Ese ha sido el caso de los acusados por el feminicidio de Cecilia Monzón.
La defensa de Javier N. ha encontrado en la ley los recovecos necesarios para darle a su cliente, la oportunidad de aplazar una y otra vez, el juicio en donde se solicitarán hasta 60 años de prisión.
Ayer mismo, cuando se esperaba que se iniciara el juicio, una nueva táctica dilatoria por parte de la defensa impidió el avance hacia la sentencia.
Las mañas de la defensa han tratado de ser contenidas, por ejemplo, ayer con el cambio de abogado, uno de los implicados en el caso, Silvestre, solicitaba 50 días de aplazamiento para que su abogado se pusiera al día, como si su “nuevo” defensor no conociera perfectamente el caso. Al final, respetando el debido proceso, sólo se le concedieron 22 días.
Es comprensible que para los familiares de Cecilia esta nueva fecha sea una cubetada más de agua fría.
Por desgracia, la argucia de la defensa ha logrado alargar el proceso en una maliciosa búsqueda de beneficios para los acusados. Sin embargo, esto no quiere decir que los jueces, llegado el momento, no estén dispuestos a dictar una sentencia firme y ejemplar.