Por años se acusó —y con sobrada razón— a los gobiernos emanados del PRI y del PAN de saquear el erario, de hacer mal uso de los recursos públicos y de no comprobar los gastos de sus administraciones.


Morena, y la ola lopezobradorista, se envolvieron en la bandera de la honestidad, pero al final, el tiempo nos terminó demostrando que sus alcaldes y alcaldesas también cayeron en la misma tentación.


Municipios importantes de Puebla, como Tehuacán, San Martín Texmelucan e Izúcar de Matamoros fueron gobernados por personajes ligados a la 4T y en concreto a Morena.


Pedro Tepole, Norma Layón e Irene Olea se subieron al barco guinda y repitieron las máximas del lopezobradorismo, sin embargo, hoy enfrentan auditorías que les exigen comprobar millones de pesos que no se sabe en qué se los gastaron.


Los tres presidentes municipales comparten, además de las observaciones, señalamientos por sus malos gobiernos. En Tehuacán, el tema de la basura y los servicios públicos es una demanda constante, claro, después de la seguridad, que es el mismo reclamo de los ciudadanos que habitan Texmelucan o Izúcar.


En San Martín, las marchas para exigir que cesara la inseguridad, así como los señalamientos constantes de corrupción, siguen en la mente de los habitantes.


La que fuera edil en Izúcar continúa con un proceso judicial por agresiones y tortura a mujeres periodistas, justo en el marco del 8-M.


Estos tres ejemplos, que no son los únicos, pero sí de los más recientes que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE), nos demuestran que cambian los nombres, los partidos y hasta supuestos regímenes, pero los desfalcos al erario son exactamente los mismos.


Sin embargo, estos tres casos pueden ser la razón perfecta para demostrar que la transformación y la limpia van en serio. La última palabra la tendrán la ASE, la FGE y el futuro Poder Judicial.


Veremos y diremos.

Prisiones en altamar


La idea de Donald Trump de reactivar la Prisión Federal de Alcatraz, en San Francisco, California, para utilizarla como centro de aislamiento para migrantes no es algo novedoso.


Hace un par de años, en 2023, el buque Bibby Stockholm generó una enorme polémica. Mientras el gobierno central de Reino Unido lo anunciaba como un espacio seguro y económico para albergar hasta a 500 personas solicitantes de asilo, incluidos menores de edad no acompañados, las organizaciones no gubernamentales y ACNUR advirtieron que se trataba de una prisión flotante en donde no se podían garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.


Ausencia de salidas de emergencia, carencia de chalecos salvavidas, dudas en el sistema contra incendios y la presencia de la bacteria Legionella, que daña los pulmones, obligaron a desembarcar a quienes ya estaban en la lista negra.


La propuesta de usar Alcatraz busca criminalizar a las personas migrantes. No es un inmueble como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión que tanto presume el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y que ahora también alberga a prisioneros norteamericanos. Se trata más bien de un espacio que, por su propia geografía, complica la llegada o salida de personas. Los incomunica.


Algo similar a lo que se vivió por décadas en las Islas Marías, el complejo penitenciario que creó Porfirio Díaz y que se encuentra en San Blas, entre Nayarit y Mazatlán.


Aunque las Islas Marías dejaron de ser utilizadas como cárcel, lo cierto es que el proyecto de AMLO para convertirlas en un espacio turístico resultó un fracaso.


¿Regresará a ser una prisión, ahora del bienestar?