Para que exista el diálogo se requiere la voluntad y el compromiso de ambas partes, eso fue lo que refrendó el gobierno municipal de Lupita Cuautle quien ofreció a los manifestantes entablar mesas, primero en Casa Aguayo y luego en el CIS de Tlaxcalancingo.
Sin embargo, los mismos que exigían la presencia de la alcaldesa, con el cierre de la carretera federal a Atlixco, fueron quienes se negaron a dialogar.
La protesta, presuntamente de los Pueblos Originarios de Cholula, ocasionó un caos vial que se expandió a vialidades aledañas como el boulevard Atlixco, Camino Real o el Periférico Ecológico. Quienes tuvieron la desgracia de quedar atorados en la federal pasaron hasta siete horas antes de salir del atasco.
El caos vial provocado pretendía presionar a las autoridades a reorientar un plan de desarrollo urbano que lleva años implementándose, inclusive décadas. La posible solución no se encuentra exclusivamente en las manos de la alcaldesa. La expropiación de tierras o el abuso en la distribución del agua pasa por temas legales que van más allá de una sesión de cabildo. Y eso lo saben perfectamente los abogados que representan a los pueblos originarios.
Precisamente porque conocen de las atribuciones municipales, es que surge la pregunta: ¿qué organización social estaría detrás de los integrantes de los pueblos originarios?, ¿cuáles son realmente las intenciones de quienes azuzan a la población a tomar una vialidad federal y cerrarla?, ¿por qué intentan chantajear a la presidenta?, ¿cuáles son las prebendas que pretenden?
Para darnos una pista a estas preguntas debemos remontarnos a los cierres más recientes que se realizaron en la Vía Atlixcáyotl, justamente por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), mejor conocida como la 28 de Octubre.
No sería la primera ocasión en que esta agrupación se incrusta en un movimiento social para utilizarlos como carne de cañón, en un intento más por chantajear a las autoridades municipales y estatales.
Sin embargo, lo que los integrantes de La 28 no han comprendido es que al frente de los gobiernos se encuentran autoridades que no están dispuestas a ceder a los caprichos ni a las presiones de un grupo de ambulantes que busca mantener y ampliar sus privilegios.
Las fotos de este bloqueo muestran a -cuando mucho- un centenar de personas que resguardan las llantas que colocaron para impedir la circulación vial en ambos sentidos. Y nuevamente es un reducido número de protestantes quienes afectan a miles de poblanos que requerían trasladarse e incluso transportar mercancías.
Si bien se debe garantizar el derecho a la protesta, también se debe considerar el derecho de todos los ciudadanos al libre tránsito.
¿Hasta cuándo seguirán las agrupaciones utilizando a movimientos sociales para tratar de chantajear a los gobiernos?
Veremos y diremos.
