En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC, exigió mediante un comunicado actuación del gobierno del estado ante este delito en Tlaxcala, el cual afecta niñas y mujeres con fines de explotación sexual.  

“Los aparentes avances en los últimos años se han develado en simulación, que se evidencia en la falta de ejecución del Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos, así como en la impunidad y falta de acceso a la justicia en cuanto a la sanción a responsables”, señaló el documento. 

Dicho comunicado enfatizó que no se refleja alguna disminución del problema, por el contrario, en el contexto de pandemia, las redes de tratantes se han adaptado a nuevas formas de enganche y explotación, mientras que los consumidores siguen manteniendo este sistema que violenta gravemente la vida de las mujeres.

“Así, el Covid-19 ha incrementado el riesgo en que se encuentran las niñas de ser explotadas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su último informe sobre el tema, e incluso, en el informe 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se menciona que con el cierre de bares y clubes nocturnos debido a la COVID-19, los informes del gobierno, las ONG y los medios de comunicación señalaron que había tratantes en Tlaxcala que estaban usando casas de particulares para la trata sexual de mujeres”. 

“Consideramos imperativo que el gobierno de Tlaxcala retome tanto el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que fue generado con aportes de sociedad civil y academia, pero no ejecutado por el estado, así como la Agenda Ciudadana que presentamos desde las organizaciones que impulsamos la Iniciativa Popular contra la trata de niñas y mujeres, donde se colocan los puntos fundamentales para enfrentar esta grave violación a derechos humanos”.