Luego de que el gobierno del estado indicara como medida para reforzar la seguridad de la población la adquisición de dos software de alta tecnología, bajo la aprobación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) expresaron su posicionamiento al respecto.
El equipo respectivo permitirán a través del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias, conectar a los operarios con los teléfonos de personas que se encuentren en alguna situación de riesgo, “siempre y cuando el usuario autorice previamente su acceso y únicamente por el tiempo que dure la llamada”.
En el caso de la CEDH, presidida por Jackeline Ordóñez Brasdefer, argumentó que estarán al tanto y permanecerán abiertos a atender cualquier acto que considere alguna persona que se le esté violentando su privacidad o derechos.
Adelantó que la comisión estará pendiente sobre el uso de estos softwares y con ellos garantizar a la ciudadanía su privacidad, pues recordó que de no tener autorización por parte del usuario no deberá de activarse, de lo contrario sería un acto violatorio a los derechos humanos de los tlaxcaltecas.
“De hecho, incluso, para hacer una investigación de esta naturaleza sin el consentimiento de la persona se necesita una autorización judicial de un juez federal, la única forma que no fuera violatorio de los derechos es que la persona autorizara o bien un juez federal otorga ese permiso a la autoridad”.
Indicó que por el momento la comisión no tiene injerencia, ni es parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, hasta el momento no se le ha invitado para opinar al respecto por el contrario, todos los datos relacionados a estos softwares la comisión le ha dado seguimiento gracias a los medios de comunicación.
Es de recordar que el gobierno del estado ha mencionado que se trata de los software Video Sinopsis y Carbyne.
El llamado de transparencia
A su vez, Ángel Espinosa Ponce, comisionado del IAIP recordó que el gobierno estatal debe transparentar todas las operaciones y facultades de los softwares.
“En materia de datos personales, debe de garantizarse la protección de estos y designarse al oficial de protección datos personales profesional en la materia con fundamento a la ley de protección de datos personales”.
Aclaró también que en caso de contar con indicios que hagan evidente el uso malicioso del software, el instituto procederá para iniciar por oficio el uso de atribución por vigilancia y supervisión previstas por la ley de protección; con la finalidad de garantizar y tutelar los derechos de su competencia y que la ciudadanía tenga la certeza sus derechos a la privacidad este garantizado.
