Como parte de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este viernes integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), ofrecieron una disculpa pública a la excomisionada, Marlene Alonso Meneses, por violación al derecho de igualdad, trato digno y discriminación en razón de género.
Luego de que el pasado 25 de mayo la comisionada presidenta, Maribel Rodríguez Piedras, aceptara la recomendación por actos cometidos por los exfuncionarios públicos, Francisco Morones Servín y David Cabrera Canales, se procedió con la disculpa pública, donde la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, exhortó a la dependencia a la no repetición de estos actos violatorios y garantizar los derechos de todos y todas.
Durante la disculpa hubo tensión, cuando Marlene Alonso pidió unos minutos para expresarse y los comisionados la alentaron a no tardarse, con el pretexto de que aún tenían “que comenzar a sesionar”, por lo que los colectivos que acudieron reclamaron la respuesta.
Marlene Alonso en su intervención, lamentó el burocratismo de dependencias y pidió al instituto garantizar a las mujeres una vida sin violencia. Llamó a las mujeres no callar ante la violación de sus derechos humanos y a las autoridades que todos los violentadores estén bajo juicio y justicia.
El consejero Ángel Espinoza Ponce abandonó su lugar negándose a escuchar a las defensoras de los derechos humanos y activistas.
Le siguió Jorge Galindo, secretario técnico del Consejo General, quien negó que su actitud fuera de violencia.
Entre las activistas se encontraba Eréndira Jiménez Montiel quien lamentó estos hechos y pidió al instituto una disculpa real y la garantía de que estas situaciones no se repitan pidiendo un pago justo a la afectada.
Ya en entrevista, Marlene Alonso, también calificó como “una simulación” por parte de los funcionarios dicha disculpa pública, y lamentó su actuar ante la justicia, recordando que los servidores públicos están obligados a garantizar los derechos.
Fueron cinco años que Marlene Alonso Meneses luchó para obtener una disculpa pública por parte del instituto, ante violaciones de género, violencia psicológica, política, institucional y laboral, entre otras.