En Puebla la probabilidad de denunciar y esclarecer un delito apenas es del 0.9%, lo que mantiene a la entidad en el séptimo lugar nacional de impunidad, empatado con Aguascalientes.
Además en la entidad el 82.8 por ciento de los homicidios dolosos quedan impunes y el 70.6% de los casos o delitos llegan a tener sentencias de apenas tres años o menos.
Así lo revela un estudio de la organización civil Impunidad Cero, el que evaluó a las Fiscalías e instituciones de procuración de justicia, incluida la de Puebla.
Impunidad Cero, explica que el índice se centra en una de las piezas clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia: las procuradurías y fiscalías estatales, encargadas de investigar los delitos cometidos en los estados y realizar las acciones necesarias para que los responsables sean sancionados.
El Índice hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal.
Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados.
Se considera que una proporción elevada de condenas penales de menos de tres años de prisión que indica un mal uso o abuso de los recursos del proceso penal.
De este modo, ante las cifras que revelan el proceder de la FGE del Estado de Puebla, se mantiene en la sexta peor posición con 39.14 puntos en el índice de Procuración de Justicia, solo arriba de entidades como Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tamaulipas.
Impunidad a la poblana
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), según la tercera edición Índice de Desempeño 2019, se encuentra entre las seis peores de la república.
Puebla además es el séptimo estado del país donde más tarda un agente del Ministerio Público en levantar una denuncia.
Para poder denunciar un delito en la entidad el tiempo de espera es de 165 minutos o más de 2 horas 45 minutos, lo que está por abajo media nacional que es de 141 minutos.
Otro indicador clave para medir los resultados de las fiscalías y procuradurías del país es la efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas.
Y es que no sólo basta con una alta tasa de efectividad de investigación, sino que una vez que se ha identificado un posible responsable, por lo que la media nacional de este indicador se estimó en 57.9%.
Puebla lidera a nivel nacional la tasa de efectividad con 87.1 por ciento de efectividad en órdenes de aprehensión, sin embargo se ve diluida, ya que no esclarece mucho, al menos hay mayor probabilidad de captura en los casos en los que se esclarecen.
Los indicadores de impunidad en homicidio doloso y el porcentaje de sentencias de menos de tres años incorporan información importante al índice, ya que permiten evaluar la persecución y la aplicación de sanciones para los delitos de alto impacto
En este punto Puebla se mantiene hasta el sitio 21 del país por debajo de la media nacional al quedar en promedio 82 homicidios impunes por cada 100 registrados.
Evaluar la distribución de sentencias según el tiempo en prisión permite inferir el tipo de delitos que se están sancionando.
En este rubro en Puebla observa una alta proporción de condenas por tiempos inferiores a tres años de prisión, con un índice de 70.6%, arriba de la media nacional de 40 por ciento.
Esto significa que los delitos que se están llevando en Puebla ante los jueces son, en mayor proporción, delitos menores y no aquellos de alto impacto.
De este modo se llevan en menor porcentaje delitos como homicidio doloso y con violencia, que tanto afectan la integridad física y patrimonial de las personas, así como la percepción de inseguridad, señala el estudio.
Problema nacional
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3 por ciento, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito con apenas 3.4 por ciento, mientras que Guerrero es la de menor probabilidad 0.2%.
Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.
El adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad que impera en el país. Este Índice es una herramienta que busca que las entidades logren identificar qué políticas y qué prácticas funcionan para poder mejorar.
Para el Índice 2019 se estimó que el 40% de las sentencias condenatorias en el país correspondieron a penas de hasta tres años de privación de la libertad, de acuerdo con la información más actualizada.
Si bien es aún un porcentaje importante, se observa una mejora considerable, ya que en la edición anterior del índice era de 53%.
Las entidades que encabezan la gráfica de proporción de sentencias de menos de tres años serían las que ocupan los peores lugares, ya que, como se ha mencionado, lo deseable es que este indicador sea cada vez menor.
Chihuahua encabeza por tercer año consecutivo este indicador, el Estado de México, Coahuila, Morelos, Zacatecas y Ciudad de México presentan una política criminal focalizada en delitos de alto impacto, ya que más del 75% de sus sentencias condenatorias son por más de tres años.
Por el contrario, entidades como Campeche (90.2%), Aguascalientes (87.6%), Baja California (82.8%), Chiapas (80%) y Nuevo León (77.1%) están concentrando sus esfuerzos en delitos que no son de alto impacto.
