De acuerdo a José Juan Ayala Vázquez, presidente de este organismo, se cuenta con un proyecto para justificar la instalación de parquímetros para presentarlo el próximo viernes a la autoridad municipal, mismo que se hizo a través de un despacho jurídico especializado que trabajó desde el año pasado y que fue presentado una semana después de tomar posesión la nueva administración municipal al actual secretario general del ayuntamiento, Manuel Janeiro Fernández.
El proyecto que fue dado a conocer a Intolerancia Diario, señala que la propuesta está encaminada a privilegiar la concesión del estacionamiento en la vía pública a través de la instalación de parquímetros, se manifiestan algunas calles donde se podría arrancar como proyecto piloto en un periodo de prueba de tres a seis meses.
El aspecto jurídico
Ayala Vázquez señaló que de acuerdo al estudio jurídico realizado por el organismo para justificar legalmente esta medida, establece como resultado que la concesión de la vía pública está aparejada con la concesión del servicio público de estacionamiento en la vía pública, mediante la implementación de dispositivos como los estacionómetros en el municipio de Puebla, “los cuales sí se puede concesionar, ya que no hay impedimento legal, pero actualmente no existe una regulación específica, para determinar cómo se implementarán los dispositivos y cuál sería su costo para los habitantes por su uso”.
Además, detalla que la opción más viable es la concesión, en virtud de que el concesionario sería quien realizara la inversión necesaria para implementar este servicio público, mediante la implementación de dispositivos conocidos como parquímetros.
Ayala Vázquez criticó el hecho de que se cobren derechos de estacionamiento en la vía pública al sector comercial, restaurantero y empresarial, pues aunque están en la mejor disposición, la realizad es que se legalizaría el apartado por parte de los “franeleros”.
Indicó que no fue la mejor opción avalar cobros por derechos de uso del estacionamiento de la vía pública, pues se pone en riesgo de provocar el retroceso en el convenio que se hizo con el ayuntamiento para regular horarios de ascenso y descenso en el Centro Histórico, que se llevó cinco meses en su elaboración.