La asociación se embolsaba más de un millón de pesos al año por concepto de cobros por seguridad, mantenimiento de áreas verdes, casetas de vigilancia y uso de vía pública, entre otros aspectos, pese a que la colonia está municipalizada.
Por lo anterior, tras el fallo de un juzgado de distrito, el ayuntamiento de Puebla retomará el proceso para nombrar una mesa directiva que rinda cuentas y esté fiscalizada por las autoridades municipales, para terminar con estas irregularidades que por años enriquecieron a unos particulares.
El director de Atención Vecinal de la Secretaría de Gobernación municipal, Eduardo Alcántara Montiel, aseveró que luego de mantener una lucha legal por desparecer la asociación denominada Lodeva, finalmente el juez encargado del caso procedió a sobreseer el amparo que interpusieron estos particulares que trataba de evitar la realización de la asignación de una mesa directiva y que los llevaría a la desaparición de la asociación.
Asimismo, indicó que la determinación de establecer de manera legal una mesa directiva en esta colonia se debe a que una asociación civil no es la mejor forma jurídica para fiscalizar el trabajo en esta demarcación.
Rendición de cuentas
Alcántara Montiel precisó que el beneficio económico que se daba por el cobro de estas cuotas sólo llegaba a las 34 personas que conforman esta denominación, por lo que los beneficios no se reflejaban en los vecinos.
Detalló que con la conformación de una mesa directiva se garantiza que cada periodo se tenga una rendición de cuentas por la vía legal, en lugar de permitir que algún grupo haga lo que quiera.
El director de Atención Vecinal de la comuna estableció que el manejo de cualquier recurso permite ver los ingresos en recursos y la manera en la que se aplicaron, lo cual garantiza una mayor transparencia.
Destacó que incluso en esta colonia se tiene un problema similar al de La Calera, donde se han colocado de manera ilegal casetas de vigilancia y plumas de entradas que son controladas por la asociación.
Por último, aseveró que procederán a inmovilizar estos aparatos en caso de que no cuenten con los permisos correspondientes, además de que podrían retirar estos equipos.