Por lo tanto, la comuna no tendrá que pagar los 107 millones de pesos que exigía ITO como indemnización por la cancelación del contrato de concesión por aparentes inversiones hechas en las instalaciones del Rastro Municipal.
Al contrario, ahora la autoridad municipal buscará que la exconcesionaria pague al ayuntamiento 46 millones de pesos, producto de los ingresos y daños que hizo ITO el tiempo que tuvo en sus manos el funcionamiento del matadero.
Al respecto, el funcionario municipal destacó que en caso de recuperar monetariamente lo que ocasionó en daño patrimonial la exconcesionaria, este dinero se podría invertir en el proceso de conversión del rastro TIF que iniciará la próxima semana.
Landero León recalcó que con este resolutivo, hay condiciones para continuar con el proceso de conversión del rastro en uno de Tipo Inspección Federal, sin concesiones fallidas y en condiciones adecuadas a lo que se busca para mejorar las instalaciones.
El encargado de la administración del Rastro Municipal recordó que a la llegada de esta administración se encontraron diversas irregularidades que iban desde lo económico hasta la infraestructura del lugar.
El director de Industrial de Abasto Puebla aseguró que este fallo a favor de un juez beneficia a los ciudadanos en el que se mantiene un proceso de conversión libre de una demanda.
Entre los principales problemas que se ubicaron en una revisión administrativa fue la mala relación con los introductores del matadero, daño patrimonial económico de alrededor de 40 millones de pesos, el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y daños en la infraestructura de la zona de matanza, entre otras afectaciones.
Cabe destacar que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el procedimiento 435/2012 rechazó el amparo a favor de Ingeniería y Tecnología de Oriente.
Indicó que el procedimiento deberá seguir para lograr la recuperación de 46 millones de pesos o el embargo de sus bienes para pagar el monto que pelea la administración municipal.
El 13 de diciembre de 2006 en la administración de Enrique Doger Guerrero se determinó concesionar este servicio a ITO, para el 27 de julio de 2007 formalizaron esta concesión a 20 años en la administración de Blanca Alcalá Ruiz. Se otorgó la concesión bajo el argumento de que en los siguientes 12 meses se convertiría el rastro en uno Tipo Inspección Federal, situación que no se cumplió a pesar de que se iban a invertir 64 millones de pesos.
Tras el incumplimiento se inició el procedimiento para terminar la concesión debido a un conflicto que se generó con Blanca Alcalá, se iniciaron los litigios y comenzaron en 10 junio de 2010 el proceso legal.
Los magistrados condenaron a ITO a pagar 40 millones de pesos para que pagara ingresos, 5 millones por daños y 2 por ciento de los ingresos que se generaron durante el tiempo que tuvo en sus manos al rastro, lo que acumuló 46 millones de pesos por derechos de cobro, por lo que se ampararon y se mantuvo el litigio a partir del 11 de marzo de 2011 hasta esta fecha.
Los 107 millones de pesos que reclamaba la exconcesionaria fue la denuncia de los representantes de ITO contra Blanca Alcalá por la resolución de los jueces en el caso, por lo que se procedió a la nulidad del conflicto y volvieron a interponer un recurso de inconformidad.
El Décimo Segundo Tribunal Colegiado de Distrito admitió este recurso del ayuntamiento y este 5 de julio de 2012 negó el amparo a ITO por la inoperancia de la concesión, por lo que es definitivo.