El ayuntamiento de Puebla ganó de manera definitiva el litigio del caso de la empresa Desarrollo Iberoamericano SA (DISA) que exigía una indemnización de 76 millones de pesos por adeudos de la construcción del tramo “B” del distribuidor Juárez-Serdán que no se ejercieron por parte del expresidente municipal, Luis Paredes Moctezuma.

Al respecto, el síndico municipal, Ernesto Bojalil Andrade destacó que el punto a favor de la comuna es que solo pagara de indemnización 26 millones de pesos que era lo que se heredó y no el resto de los intereses que exigía la empresa constructora por el litigio que se prolongó dos administraciones anteriores.

Indicó que hasta este momento la empresa solo tiene derecho a exigir un pago no superior a los 26 millones de pesos, por lo que tendrán que darle seguimiento al proceso para que con los argumentos que se tienen en contra de la constructora, se descarte un golpe en contra de la comuna.

Destacó que con esto, el ayuntamiento ha sorteado el pago de gastos financieros por 76 millones de pesos que exigía la constructora como indemnización y acumulación de pagos atrasados.

El abogado del pueblo dijo que al dejarse sin efectos la segunda instancia reclamada por DISA, deja de existir jurídicamente su calidad de caso juzgado antes de dictarse la sentencia protectora, pues los efectos resolutivos equivalen a su declaración de nulidad.

Bojalil Andrade destacó que al inicio de la administración municipal se encontró a la sindicatura como “una bomba de tiempo” por encontrarse “contra la pared” por el descuido de la anterior administración por los juicios que había en la comuna.

En este sentido destacó que se retomaron los juicios que prácticamente se tenían perdidos por sumas millonarias que hubieran dañado el patrimonio de la ciudad.

En el mes de noviembre de 2003 se realizó una licitación internacional para la construcción del distribuidor vial Juárez-Serdán, la cual fue declarada como desierta, debido a que bajo el criterio de Arturo Muñoz Arellano, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría de Administración Urbana, las propuestas presentadas no eran solventes para realizar la obra.

En esta licitación, dos empresas cotizaron abajo del presupuesto base y las otras cotizaron por encima del mismo, cuyo importe se determinó en 326 millones de pesos.

Se determinó en fecha 3 de julio de 2004, asignar directamente el contrato a la empresa Desarrollo Iberoamericano, empresa de la cual la comuna declaró que no tenía el recurso para cubrir un monto de 26 millones de pesos cuando se realizó la construcción de la etapa “B” se registraron atrasos considerables por parte de la empresa.

El 22 de junio de 2004 se le entregó a DISA la cantidad de 84 millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado incluido por concepto del 26 por ciento de anticipo.

Sin embargo, para el siguiente día se reduce el monto del contrato a 186 millones 814 mil pesos, es decir, que se redujo en 43 por ciento el monto de los presupuestado inicialmente.

Además, el anticipo otorgado en demasía representó haber pagado por anticipado la obra contratada en un 67 por ciento.

En el proceso se encontraron evidencias que el monto ejercido de 126 millones 395 mil pesos solo se utilizó del catálogo original el 13 por ciento de los conceptos de la obra autorizados, lo que representó la cantidad de 16 millones 486 mil pesos, el 87 por ciento restante que equivale a la cantidad de 109 millones 900 mil pesos, se cobró como parte de conceptos extraordinarios.

También, se encontró evidencia de la existencia de pagos indebidos por concepto de ajuste de costos ya que por la cantidad de anticipo pagada al contratista se debieron comprar todos los materiales requeridos, aun cuando se presentaron constantes retrasos en la ejecución de la obra.

Las irregularidades fueron porque el tramo “B” había sido entregado el 15 de diciembre de 2004, sin embargo el 2 de febrero de 2005 se autorizó un convenio adicional por un monto de 64 millones de pesos después de terminar la obra, situación que fue irregular.