De hecho, el municipio de Puebla sólo cuenta con ocho grúas para prestar el servicio de arrastre cuando se presenta un accidente automovilístico o, en su caso, cuando por una violación al reglamento un vehículo es trasladado al corralón municipal.
Por otro lado, se suspendió la propuesta de obtener recursos por 20 millones de pesos para adquirir un número mayor de grúas para que el ayuntamiento prestara el servicio que hasta el momento es insuficiente.
Además, la propuesta para concesionar el servicio a un particular quedó descartada en el trabajo de los regidores de Puebla, que al final no llegaron a un acuerdo para aprobar este trámite.
Al respecto, la directora de Tránsito Municipal, Carolina Zabalegui Velázquez, admitió que son insuficientes las ocho grúas con las que cuenta el ayuntamiento para prestar el servicio, lo que ha ocasionado el abuso de empresas particulares en el cobro de las tarifas.
Asimismo, indicó que, a pesar de que la Ley de Ingresos establece las tarifas que se deben aplicar por ley, las empresas que hay en la ciudad que sirven para dar este servicio no las respetan, lo cual ocasiona abusos en el cobro a los ciudadanos.
La Ley de Ingresos establece que por el servicio de arrastre se cobran 418 pesos por vehículos y motocicletas; camiones y remolques, 514 pesos; camionetas, transporte público y autobuses, 739 pesos; sin embargo, las “mafias” de “gruyeros” cobran de 4 mil 500 a 7 mil pesos por el arrastre solamente.
La funcionaria municipal destacó que la Secretaría de Seguridad Pública sólo cuenta con ocho grúas para otorgar el servicio de arrastre en todo el municipio, lo cual es insuficiente para la demanda que hay en la ciudad.
“Nosotros sólo contamos con ocho grúas para actuar en el arrastre de vehículos siniestrados o infraccionados, son insuficientes para nosotros porque la ciudad es muy grande y a veces se tienen al mismo tiempo circunstancias que tienen ocupadas las unidades de arrastre”.
Además, dijo que a pesar de la propuesta para adquirir un número mayor de grúas para la dependencia, esto no se consolidó por la falta de presupuesto del ayuntamiento para la compra de los vehículos.
En 2011 se planteó la posibilidad de destinar recursos por 20 millones de pesos para adquirir al menos 30 nuevas grúas para el municipio, para lo cual se buscaron esquemas de financiamiento para obtener los recursos, pero éstos no resultaron.
En julio de 2012 se planteó la posibilidad de concesionar el servicio de grúas para frenar los abusos de los particulares, la propuesta se consideró para abrir una licitación pública nacional para que se entregara a una empresa y otorgar un servicio de calidad. Sin embargo, la propuesta no pasó y los regidores determinaron descartarla porque en ese momento había otras prioridades por atender.
De esta forma, empresas afiliadas a Antorcha Campesina u otros particulares (Doama, Victoria, Ocaña y La Unión) seguirán cometiendo abusos en agravio de los ciudadanos.