Intolerancia Diario reveló hace unas semanas que el área, a cargo de José Manuel Janeiro Fernández, “misteriosamente” no había cobrado un sólo peso a las empresas telefónicas en lo que va del trienio.
El ayuntamiento tiene la facultad de cobrar hasta seis pesos diarios por cada caseta telefónica, pero todo parece indicar que no se hicieron los pagos.
Este problema descubierto por este medio llegó al cabildo del ayuntamiento, donde la regidora Sandra Montalvo exigió haya cuentas al respecto, ya que se podría estar hablando de más de 10 millones de pesos.
Pero ahora, la Tesorería municipal resguardó la información tras la solicitud 103313 emitida por este reportero.
El alegato del área municipal es que no puede dar a conocer información por el secreto comercial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional, bajo el acuerdo de clasificación TM/DJ/003/2013.
“(…) se considera como información reservada a la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a algunas de las excepciones previstas en la ley por lo que en el caso sujeto a estudio, los documentos solicitados están considerados como información de acceso restringido”, firmó el documento José Ismael Acevedo Lozano, titular de la unidad administrativa de acceso a la información pública de la Tesorería.
Posteriormente, se entregó el documento del acuerdo de clasificación, donde se señala que el tiempo de reserva no podrá ser mayor de siete años.
En el documento oficial se señala que todo el expediente sobre teléfonos públicos es confidencial, al afirmar que la clasificación encuadra en la Ley de Acceso a la Información.
Finalmente, está firmado por el tesorero José Manuel Janeiro Fernández; Jorge Valente Vázquez Bravo, jefe del departamento de lo contencioso, e Ismael Ramírez Minor, director jurídico de la Tesorería municipal.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública (SGUOP) del ayuntamiento entregó información referente a la instalación de los aparatos telefónicos y sus requisitos.
Menciona el acuerdo de Cabildo del 13 de enero de 2011, donde se aprobaron estos requisitos y reconoce textualmente:
“(…) Le informó que actualmente la administración municipal ha iniciado un proceso de regularización técnica para la colocación de casetas telefónica sobre la vía pública”, dos años después.
El Cabildo
Apenas el jueves pasado, en reunión de Cabildo, la regidora Sandra Montalvo Domínguez confirmó que Telmex, Maxcom, Monefon, BBG y Logitel han omitido el pago de seis pesos diarios por el uso de suelo.
Por lo tanto, el Cabildo capitalino ordenó a la Tesorería municipal realizar el cobro de impuestos a las empresas que incumplen con el pago del derecho de uso de suelo de esos artefactos.
Se le pidió u ordenó a la SGUOP elaborar un padrón sobre cuántas casetas de teléfono hay en la Angelópolis, pues hasta ahora se desconoce la cifra y se estima que el número puede llegar a 11 mil 900.
Fue en septiembre cuando la regidora priista Sandra Montalvo Domínguez, denunció que Telmex, Maxcom, Monefon, BBG y Logitel han omitido el pago de seis pesos diarios por el uso de suelo al ayuntamiento de Puebla, lo que representa una evasión de impuestos por más de 10 millones de pesos.
Sandra Montalvo solicitó iniciar una investigación en contra de los funcionarios municipales responsables de permitir que se evadiera el cobro de los gravámenes en cuestión, así como inhabilitar a las empresas mencionadas.
Por su parte, en la sesión de Cabildo, el regidor perredista David Méndez refirió que el número de casetas de teléfono en la capital podría ascender a 11 mil 900, pertenecientes a seis diferentes compañías, las cuales generarían una recaudación al municipio cercana a los 26 millones de pesos anuales si cumplieran con su obligación fiscal.
Recalcó que la recaudación de los impuestos —que hasta ahora han sido evadidos por las empresas en cuestión— radica en que, si el caso se regularizara, la próxima administración podría contar con más recursos para ejecutar en las necesidades de la ciudad
Por lo tanto, los regidores solicitaron a la Tesorería municipal, a cargo de Manuel Janeiro, la regularización de los cobros en los tres meses que restan a la actual administración municipal.
El fraude
En agosto pasado se reveló que las empresas dueñas de más de 7 mil 300 casetas de teléfonos públicos han encontrado en la ciudad de Puebla una especie de “paraíso fiscal”, al evadir impuestos millonarios.
Al menos cinco empresas de seis de casetas de teléfonos públicos operan en la ilegalidad en el municipio de Puebla y no pagan un sólo peso por el uso de suelo, por lo que están evadiendo millones de pesos en impuestos municipales.
Así lo revelaron algunas solicitudes de información, con lo que el ayuntamiento de Puebla podría estar perdiendo varios millones de pesos en impuestos al no pagar empresas como Telmex, Maxcom, BBG, Logitel y Monefón.
La única empresa que ha cubierto sus pagos ha sido Cambifon, la que ha entregado un millón 423 mil pesos a la comuna de Puebla por el uso de suelo de sus 650 casetas existentes.
De pesito en pesito…
Pocos son los ciudadanos que les prestan la atención a las miles de casetas telefónicas para uso público instaladas en toda la ciudad, pero detrás de ellas existe un gran negocio, como lo confirmaron trabajadores de las mismas.
Por lo pronto, ante la anuencia de las autoridades del ayuntamiento de Puebla, las casetas proliferan, sobre todo en las salidas de hospitales, centrales camioneras, escuelas y diversos centros comerciales.
Según empleados encargados de la colecta de los teléfonos, quienes pidieron anonimato, llegan a sacar de cada una de las alcancías de los aparatos hasta 300 pesos en monedas cada dos semanas.
Por lo anterior, se calcula que por cada máquina se obtienen hasta 600 pesos mensuales; en conjunto, las cinco empresas que no pagan impuestos estarían ganando cerca de 4 millones 380 mil pesos mensuales o más de 52 millones de pesos anuales.
Por lo mismo, proliferan los aparatos en dichos lugares, pero sobre todo en nosocomios, como se comprobó en un recorrido.
Por ejemplo, tan sólo en la entrada del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La Margarita, existen 14 casetas telefónicas de las referidas empresas evasoras, las que bloquean los accesos de entrada.
Así, se van llenando las alcancías de los aparatos que ofrecen hasta 3 minutos de llamada por un peso o llamadas ilimitadas por el mismo costo.
Según datos de estas empresas, las ventas han bajado hasta en más de un 50 por ciento con la llegada de los teléfonos celulares y mensajes de texto, sin embargo, aún es negocio su instalación; la apuesta es: a mayor número de casetas instaladas, mayor ganancia.
Una caseta llega a tener un costo de 15 a 25 mil pesos, dinero que se recupera rápidamente en los lugares mencionados, sobre todo en las colonias populares, donde poca gente cuenta con servicio telefónico residencial.