La protesta fue contra el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) por la falta del líquido, dependencia que está en pleno proceso de concesión del servicio a empresas privadas.
“Aunque sea que nos manden el agua dos veces a la semana, o aunque sea una vez”, dijo una vecina de Coatepec, acompañada de habitantes de colonias como Balcones del Sur y Mayorazgo, entre otras.
Afirman las familias de muy escasos recursos que desde hace dos meses deben de estar comprando pipas para abastecer sus necesidades, dinero que tienen que juntar poco a poco para no quedarse sin agua.
“Es un gasto adicional, no tenemos dinero de por sí y no es justo que estemos gastando hasta 450 pesos por semana por pipa, para muchos dirán que es poco, pero para nosotros es o comer o el agua”, dijo otra vecina.
Indicaron que han interpuesto quejas constantes al SOAPAP, pero no han recibido respuesta satisfactoria, por lo que se determinaron en cerrar la avenida, una de las de mayor flujo vehicular, aunque en estos momentos están en obras.
“sOAPAP nos lava el coco, nos dice que nos va a mandar el agua, pero no nos la ha mandado, he hablado con los encargados y resulta que nos la mandan, pero no lo hacen”, dijo Moisés Ricardo Núñez, presidente de vecinos de la colonia Coatepec, quien dijo podrían seguir las protestas si siguen encontrando “oídos sordos”.
Luego de que los inconformes se manifestaran, agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cerraron la circulación desde avenida Las Torres y Periférico, para evitar congestionamientos, sin embargo éstos no se pudieron evitar ante la alta afluencia de vehículos en la zona.
Por lo tanto, los inconformes exigen la intervención de las autoridades estatales, o continuarán con los bloqueos.
No al pago
Apenas un día antes, el Movimiento de Alternativa Social (MAS) convocó a los poblanos a iniciar una huelga de pagos ante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla como medida de protesta contra la concesión del servicio, anunció Marco Antonio Mazatle.
Indicaron que tras la reciente aprobación de las nuevas tarifas para el consumo del líquido, queda claro que a pesar de que se derogó del artículo 118 bis de Ley de Agua del Estado de Puebla, es la empresa concesionaria quien seguirá fijando los costos del servicio.
“Ya que los legisladores poblanos aprueban cada una de las iniciativas presentadas por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas sin ver cuánto afectan a los ciudadanos”, señalaron, información que también fue subida a su página de Facebook.
“El viernes 14 de marzo los diputados del PAN y sus partidos satélites (PRD, PANAL, MC, PT y PSI) aprobaron el decreto para fijar las tarifas de agua en Puebla, así como los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.
”Dichas tarifas representan un incremento de 50% y se actualizarán, de acuerdo al artículo 4 de dicho decreto, cada mes con base en una fórmula que incluye Índice de Precios al Consumidor, fijado por el INEGI.
”Así como gastos de operación, como es la energía eléctrica, el mantenimiento y la amortización de créditos. Sin embargo, quién nos garantiza que las actualizaciones no signifiquen incrementos a favor de la empresa concesionaria”, señalaron.
“Con las nuevas tarifas sólo se incrementará la pobreza en el estado de Puebla, aunque ya somos de los cinco primeros lugares a nivel nacional, porque no todos los ciudadanos podrán pagar las actualizaciones y por tanto no tendrán el servicio, lo cual sería una clara violación a los derechos humanos”, continúa el texto en Facebook.
“Aunado a esta situación la colocación de medidores será obligatoria y el dispositivo tendrá un precio mínimo de mil 300 pesos, a esto se sumarán los gastos por ‘obra necesaria’, que son la reposición de banquetas, guarniciones y pavimento, que están calculadas en no menos de mil 400 pesos”.
Asimismo, indicaron, se deberá pagar 208 pesos por el mantenimiento del medidor “y eso no incluye las refacciones.
”El agua es un recurso natural de gran importancia para los humanos y no es justo que se busque beneficiar a la empresa concesionaria, que debido a una total opacidad en el proceso de licitación no se sabe si es Aguas de México o Aguas de Barcelona, pues aún no se ha dado a conocer a la ganadora del proceso a pesar que debió informarse el pasado 12 de diciembre.
”El Gobierno de Rafael Moreno Valle pierde la perspectiva de que el agua y sus usos tienen un carácter social, que es el primer deber del estado, aun en el supuesto de querer hacerlo eficiente y modernizarlo, por lo que consideramos que los más afectados son los sectores populares”.
Indicaron también que el gobierno argumentó en el decreto que "todavía con un insuficiente capital para invertir en mejoras y ampliación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso; con una deficiente cobranza de aproximadamente un cincuenta por ciento en su facturación".
Y señalaron que se requería de capital externo por 3 mil millones de pesos. “Pero nunca se menciona que los activos del SOAPAP van a la alza y que las cuentas por cobrar alcanzan los 3 mil 200 millones”.
Indicaron que se dijo que habría "tarifas equitativas y justas", "según los estratos socioeconómicos", pero no habrá condonación, exenciones o reducciones, o cualquier otro acto que merme o atrase su recaudación, en virtud de que actualmente se encuentra "amortizando deuda".
Por lo tanto en la rueda de prensa, el MAS convocó a iniciar una huelga de pagos ante el SOAPAP como medida de protesta contra la concesión del servicio, anunció Marco Antonio Mazatle.
Expuso que la medida busca el cumplimiento de tres puntos en beneficio de la sociedad; la primera: la derogación de la Ley del Agua para el estado de Puebla en la que se incorporó la figura de la concesión.
La segunda: Consiste en que el Congreso local restituya las tarifas vigentes y deje sin efecto la reforma del pasado 14 de marzo y, finalmente, la tercera: El cese de la colocación de medidores del consumo de agua que, a su parecer, afectarán el bolsillo de la gente y propiciará un aumento en el número de pobres en la ciudad de Puebla.
“Encontramos que es la única forma de frenar la privatización impulsada por el Gobierno”, manifestó.
“El Gobierno de Rafael Moreno Valle pierde la perspectiva de que el agua y sus usos tienen un carácter social, que es el primer deber del estado, aún en el supuesto de querer hacerlo eficiente y modernizarlo, por lo que consideramos que los más afectados son los sectores populares”.
Asimismo, anunció otras acciones como presentación de amparos y movilizaciones como estrategia para echar abajo el cambio en las tarifas e impedir la concesión de los servicios de agua potable. Foto: Twitter