Lo 84 basificados por la administración de Luis Banck Serrato en su última Sesión de Cabildo no serán dados de baja, reconoció la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pero sí en contra de los exfuncionarios en caso de que se confirmen irregularidades.

Aunque no precisó quiénes serían los responsables, dio a entrever que una de ellas posiblemente sea Yareni Janix Natera, exsecretaría de Administración, quien es investigada por el actual secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

La víspera Rodríguez Juárez destacó que el gobierno morenista presentará una denuncia ante la Contraloría municipal en contra de Janix Natera y del exdirector de recursos humanos Gerardo Seráfico, además de otros exfuncionarios menores del gobierno anterior.

Al concluir las jornadas de participación ciudadana desarrollada en San Miguel Canoa, indicó que en su gestión siempre se respetarán las garantías de los trabajadores porque todos van generando derechos.

Recordó que el proceso está a cargo de la Contraloría municipal, Sindicatura y la Secretaría de Administración, aunque no precisó cuándo estará concluido, por ello insistió, que en cuanto se lo entreguen se dará a conocer: “No es un tema de persecución, sino de que no hubo un proceso que genero polémica”.

El Ayuntamiento morenista, refrendó, no va directamente por alguien, sino que derivado del análisis que se está haciendo se observa que el tema no es con los sindicalizados, sino en contra de los servidores públicos que no hicieron correctamente el procedimientos y se dejará la constancia de la falla que se tuvo en el proceso.

El 12 de junio de este 2019, la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves, precisó que será en la sesión de Cabildo ordinaria del martes 16 de julio cuando se revelará la conclusión a los regidores.

Explicó que tienen diferencias entre lo contextualizado por el equipo de la Contraloría con los indicadores analizados por el área jurídica de la Secretaría General.

Sin responder la resolución del proceso, indicó, que la Contraloría ya remitió el informe y está siendo analizado por el área jurídica, “nosotros tenemos puntualizaciones que queremos hacer y creo que estará listo para la siguiente sesión de cabildo”.

“Qué estaría cumpliendo contraloría, es el modo de cómo se dieron las 84 basificaciones, con base a ese informe ahora sí se puede llevar a cabo la acción, quien la lleva a cabo es administración, no los regidores, pero ellos son lo que deben revisar el informe que envió la contraloría”.

No necesariamente, puntualizó, se retirarán las 84 bases, se señalan irregularidades que deben ser revisadas por Secretaría de Administración, “no es un nombre, apellido, sino las cosas que se violentaron y no apegadas al reglamento”.

San Miguel Canoa fue seleccionada para la Consulta Ciudadana de Pueblos Indígenas que impulsará el gobierno federal para que la junta auxiliar se beneficie con recursos para ejecutar acciones, obra pública, servicios y mantener sus costumbres, anunció Rivera Vivanco.

La alcaldesa indicó que con este ejercicio se busca conocer el nivel de arraigo, además de las particularidades y necesidades que tiene como comunidad indígena.

Adelantó que en la entidad son tres municipios los que entraron al programa, en el caso de esta demarcación quedó conformada por ser una de las que tiene mayor población indígena y en donde hablan algún tipo de lengua madre, básicamente el náhuatl.

“El fin es no mantenerla en el rezago y el aislamiento, por el otro lado, recuperar una serie de tradiciones y de cultura prehispánica, además de que pueda surgir el efecto de igualdad sustantiva entre los pueblos, además aquí hay mujeres chingonas”.

Acentuó que están en la etapa de radiografía, los resultados obtenidos en la consulta se definirá una parte de presupuesto y de servicios que será fundamental para atender no solo a Canoa, sino en otras comunidades indígenas.

El interés que se tiene, dijo, es recuperar la identidad del pueblo para que cualquier espacio público sea para cualquier persona, sin exclusión.

Indicó que es un programa del gobierno federal, que definirá las fechas para su desarrollo, además de cuándo se darán a conocer los resultados y la dinámica en qué se ejecutará.