Derivado del derecho constitucional y para entregar mejores servicios a los poblanos, el Ayuntamiento de Puebla presentó la tarde del miércoles 26 de este enero, la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, señaló que la inconformidad no va dirigido en contra de nadie, ni para polemizar.

“El día de ayer, por la tarde, la síndico del municipio (Guadalupe Arrubarrena García) me informó que ya fue presentada esta controversia, entonces, confirmo que, conforme a mi derecho y mi opinión, es conveniente para tener más y mejores servicios es que presento esta controversia”.

Rivera Pérez agregó que la acción legal interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) ante la SCJN pero en contra de que se efectúe el cobro, proviene de la facultad que todos tienen y de la oportunidad de proceder legalmente de acuerdo a la conveniencia.

En ese sentido, recalcó que el Ayuntamiento de Puebla se mantiene en su camino de estar actuando conforme a derecho y la decisión será jurídica.

Además aclaró que ha existido manipulación de algunos sectores políticos de mala leche para azuzar a la población, cómo evidenciaron las manifestaciones en algunos municipios por el cobro del DAP.

Rivera Pérez insistió que no politizará el tema aunque existan grandes intereses políticos de por medio porque la SCJN, será la que emita la resolución.

En ocasiones, recordó, que los gobernantes deben tomar decisiones que posiblemente no gusten a la generalidad, pero el alcalde está para ejercer la autoridad y no para participar en concursos de popularidad.

“A mí me eligieron para gobernar, no para tener un concurso de popularidad; si fuera un concurso lo más fácil es agarrar el presupuesto, dividirlo con una regla de tres y repartir el dinero".

"El gobierno, está para tomar decisiones para el bien de la ciudad, a veces hay decisiones que no pueden gustar a algunos, el DAP no es un problema de inconformidad social. No es mucho lo que se paga; esto se hace desde hace 20 años y es una práctica histórica en el país”.