Con el seguro social para periodistas, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca contrarrestar las críticas en su contra con motivo de los comunicadores que han asesinado o violentado en su sexenio.
En ese sentido, el plan de seguridad social "es un pasito" ante el contexto de violencia estructural que padece la prensa nacional, aseguró Cuauhtémoc Cruz Isidoro, investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.
El plan de seguridad social para periodistas independientes recién anunciado por el gobierno federal "es un pequeño paso" para combatir la alta precarización que padecen los comunicólogos mexicanos.
Si bien es cierto que la medida en cuestión tiene como objetivo atender al sector más desprotegido, también lo es que se queda corta, porque solo beneficia a un pequeño porcentaje del gremio periodístico, por eso, el IMSS para periodistas, es una medida aceptable pero insuficiente.
Por eso, desde la Ibero Puebla, pidieron que el comité que seleccionará a los reporteros beneficiarios del IMSS no se convierta en un mecanismo de premio o castigo.
Cuestionó el fondo de dónde saldrán los recursos para apoyar a los periodistas freelance, correspondiente al 25 por ciento del dinero destinado para publicidad oficial.
Dijo que, para su implementación, primero debe modificarse la Ley General de Comunicación Social, porque la actual no contempla que los recursos se destinen a rubros ajenos a campañas sociales.
Señaló que, en esa coyuntura, el gobierno de AMLO podría aprovechar para mejorar las condiciones laborales de las y los reporteros, estableciendo que todo el gremio reciba el IMSS por parte de sus patrones.
El investigador de la Ibero Puebla también manifestó su preocupación porque el plan de seguridad social no tenga continuidad en años venideros, debido al vacío legal en su implementación.
En cuanto a los requisitos para ser beneficiarios o beneficiarias del plan, indicó que no son excesivos y que tienen cierta lógica.
Expresó que hay algunas limitantes como la presentación de la firma electrónica y el RFC, explicando que no se sabe cuántos de los seis mil periodistas freelance del país están dados de alta en el SAT.
Acerca del consejo o comité que se encargará de seleccionar a los potenciales beneficiarios, pidió que no se conviertan en un ente censurador.
Reconoció que dicho comité está conformado por periodistas que tienen cierto prestigio.
"Ojalá que el mecanismo no se vaya a convertir en un sistema para premiar o castigar a los freelance".
Por otro lado, apuntó que el monto de seguridad social que tendrán los comunicadores independientes se calcula con base en el salario mínimo.
"Es razonable, pensando que no es algo que van a recibir de manera física los periodistas. Tú te registras y es lo que costaría la afiliación", explicó.
Por último, concordó que debería "flexibilizarse" el requisito de que los beneficiarios tengan como mínimo 12 meses ejerciendo el periodismo independiente.
Ello en virtud de los recientes despidos y cierres de empresas que causó la pandemia del nuevo coronavirus, lo cual orilló a que varios comunicadores incurrieran en el freelance.
