Además, Blancarte afirmó que los ciudadanos a los que les fueron tomados los datos personales pueden presentar una demanda ante tal irregularidad.
“Creo que el gobierno del estado salió a decir que eso fue una solicitud de la empresa, siendo un particular, ahí tendría que aplicarse el tema de la ley sobre datos personales, la ley de transparencia del estado, para saber qué utilidad le dan a esos datos que estuvieron recolectando”, señaló el abogado.
Por su parte, el diputado José Juan Espinosa Torres, señaló que el tema le hizo ruido a la administración estatal: “Se ve que les metió ruido, no pueden condicionar un servicio público como es el transporte a cambio de entregar datos. A mí me dijeron no es cierto que la empresa lo esté pidiendo, y nosotros no lo vamos a hacer. A lo mejor lo hizo, la primera semana. Pero cuando vieron las críticas lo dejaron de hacer. Ellos no pueden condicionar un servicio público conforme es el transporte a cambio de que me des tu datos personales”.
El abogado de Movimiento Ciudadano, Jorge Luis Blancarte, señaló que la petición de la empresa de datos personales viola la ley de transparencia: “Eso es violatorio de la ley de transparencia, si ya lo hacen, okey pero hubo un período en el que lo estuvieron solicitando y eso viola la ley de datos personales.”
Blancarte consideró que los ciudadanos que se les pidieron los datos pueden demandar.
“Alguiena quien le hubieran solicitado sus datos podría presentar una demanda.”.
La ley de transparencia del estado de Puebla considera a los datos personales como “la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o identificable. Tal y como serían de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial; las características físicas, morales o emocionales; la vida afectiva y familiar; el domicilio y el teléfono particular; el correo electrónico personal y que no haya sido establecido como oficial por alguna regulación; los bienes que conforman el patrimonio; la ideología y las opiniones políticas; las creencias, las convicciones religiosas y filosóficas; el estado de salud físico o mental; la preferencia u orientación sexual; la huella digital; el componente genómico de ácido desoxirribonucleico (ADN); el número de afiliación a cualquier organismo de seguridad social, y cualquier otro que pudiera resultar de características análogas a las previamente enunciadas.”
Cabe señalar que Intolerancia Diario documentó que la Secretaría del Transporte (ST) pidió credenciales de elector para entregar las tarjetas de acceso al metrobús apuntando el número de folio y el domicilio del pasajero.
No solo se les pedía a los solicitantes la credencial para votar, sino de la misma se apuntaba el nombre, la dirección, número de teléfono fijo y de celular, correo electrónico, edad, género y finalmente se pidió la firma.
Luego de que medios de comunicación documentaron la anómala situación, llegó una llamada de oficinas centrales de la dependencia para frenar la toma de datos, aunque en los formatos muestra claramente un espacio para el número de credencial del Instituto Federal de Electricidad, publicó Intolerancia Diario el pasado 17 de enero.
La dependencia estatal reviró diciendo que no fue la secretaría la que solicitó la información pero reconoció que sí se solicitó información y la credencial de electoral. El secretario del Transporte, Bernardo Huerta, culpó a la empresa Heureka de condicionar la entrega de tarjetas al repartir las tarjetas de acceso al metrobús de solicitando la credencial del Instituto Federal Electoral (IFE).
En esa hipótesis, la empresa habría violado la ley de de transparencia y vulneró los datos personales de los ciudadanos, señaló Blancarte.