Truenan comisionados en el Instituto de Acceso a la Información Pública (Itaipue), luego de que no fue aprobado en primera instancia el informe de labores de la presidenta, Marcela Carcaño, quien rehuyó de presentarlo al Congreso estatal.
En sesión del organismo garante, el comisionado Carlos Loechsman Moreno aprovechó su última participación para votar en contra del trabajo de la presidenta en este año, al señalar una serie de irregularidades.
En la sesión, a la que sólo acudieron dos comisionados por la ausencia de Gabriela Sierra, se aprobó el informe condicionado a que se le haga modificaciones y fue pasado a la siguiente sesión para su revisión, luego de que la misma presidenta no pudo utilizar su voto de calidad, por ser su mismo informe.
De este modo Carlos Loeschman, señaló que debería presentarlo ante diputados, sin embargo, prefirió pasarlo a la siguiente sesión, con modificaciones señaladas, pleno que ya no estará el comisionado que votó en contra.
Informe opaco
En el informe, Marcela Carcaño, por ejemplo enfatizó la capacitación a miles de personas integrantes de los sujetos obligados, sin embargo el número de reprobados en las revisiones es muy alto.
“Un último tópico, para estar ante la presencia de una verdadera rendición de cuentas: ¿Por qué no se informa nada respecto de los juicios laborales instaurados en contra del Órgano Garante o de los procedimientos administrativos de responsabilidades, radicados ante la Contraloría, dependiente de la Presidencia? La opacidad no tiene lugar en la Casa de la Transparencia”, sentenció Carlos Loeschman, en su respuesta.
Para la foto
Carlos Loechsman, indicó tajante que el informe presentado trata de un listado incompleto, carente de la totalidad de datos necesarios para revestir las características de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
Dio por ejemplo que en el capítulo primero, que debiera referirse a las “Actividades del pleno”, únicamente se hace relación de lo realizado por la Presidencia.
“Se pasa por alto que por disposición normativa expresa, se trata de un cuerpo colegiado y no de un órgano unipersonal”, aseveró el comisionado.
Asimismo menciona el informe que se hace una relatoría de dos convenios signados, uno con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), pero ninguno se ha materializado.
Pero, dijo, los convenios en el período que se informa, en ninguna de las páginas que componen el documento, se advierte si ya cobraron materialización.
“Esto es, si derivados de ellos, ya se ejecutaron acciones concretas que permitan medir sus resultados e impacto efectivo en beneficio de la sociedad a la que nos debemos”, sostuvo.
De este modo, invitó a consultar nuestro el sitio web para que corroboren la cantidad de convenios que posteriores a ese período se suscribieron.
“Convenios de cierre de gestión que bien pudieron celebrarse desde hace casi dos años y materializarse con acciones concretas”, sostuvo el comisionado.
“Es decir, celebrarse con la debida antelación y planeación para que a la brevedad posible rindieran los frutos que los titulares de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales demandan”, señaló
“No simplemente para generar boletines de prensa con la fotografía de ocasión”, aseveró.
Por lo tanto, instó a quien ocupe la nueva presidencia, para que se ejecuten, se hagan realidad y con ellos se abone a la cultura que por disposición expresa debemos promover.
Despidos
En la intervención, Caros Loechsman, reveló que en el rubro denominado “estado que guardan los procedimientos judiciales”, se menciona la incidencia mensual de los juicios de amparo interpuestos en contra de Itaipue.
Se señala el periodo comprendido de enero a octubre de 2020, así como la “incidencia mensual de los resueltos”; “sin embargo, se omite señalar el sentido de la resolución”, hizo ver.
Asimismo mencionó que en el capítulo seis, se sostiene que se asesoró a 514 servidores públicos y ofrecieron 27 capacitaciones, sin hacer un ejercicio de medición real a través de un indicador que demuestre el impacto de estás capacitaciones en los resultados de las verificaciones al cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
“Es decir, ¿por qué el número de sujetos obligados incumplidos es alto?. Está desinformación podría traducirse en que es por falta de voluntad de sus titulares; o podría ser por la falta de una estrategia eficaz y eficiente para realizar tales capacitaciones”, argumentó Loechsman.
“Considero que se adolece de una capacitación diferenciada, que tome en consideración la composición pluricultural de nuestra entidad federativa; que parta de las características de un federalismo”.
“Que entienda las asimetrías existentes entre los diversos Sujetos Obligados -particularmente los municipios-; que considere las brechas digitales; así como la naturaleza misma del Instituto, dado que en lugar de buscar proximidad y acompañamiento con quienes por sus particularidades así lo requieren, se optó por burocratizar los procedimientos, siendo que por mandato de la Ley General de la materia deben ser todo lo contrario”, insistió.
Señaló que como prueba de lo anterior, según el propio informe, 125 ayuntamientos tienen un promedio de 35.81. “Luego entonces, dónde podemos ubicar una planeación estratégica. Quizá en el imaginario”.
Covid-19
Indicó además el comisionado en su postura que es lamentable y dolorosa la crisis sanitaria que aqueja por la pandemia de Covid-19.
En este entorno, por mandato constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen, entre otras obligaciones la de promover y respetar los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo tanto, en el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información, vía remota se resuelven asuntos de competencia del Itaipue.
“Mi sincero reconocimiento a la labor de la Dirección de Tecnologías, la cual, a pesar de ver disminuido su personal, atento a una indebida planeación y administración de los recursos humanos del Itaipue, lo hizo posible”, dijo.
Enfatizó que lo anterior denota que la pandemia no es justificante para el incumplimiento cabal de obligaciones institucionales, entre ellas la asesoría efectiva y diferenciada a los numerosos ayuntamientos que tienen calificación reprobatoria.