La empresa privada Agua de Puebla para Todos perdió un amparo ante un juez federal, por el cobro excesivo a una usuaria de la tercera edad, informó el activista y abogado Omar Jiménez.

Dijo en entrevista a Intolerancia Diario, que la empresa privada "no se ha cansado" de violar derechos humanos.

Detalló que en diciembre de 2021, se presentó una demanda de amparo de una mujer de la tercera edad, luego de que Agua de Puebla le suspendió el servicio sin exhibir orden judicial o requerirle y notificarle como lo determina el artículo 110 de la Ley del Agua.

De este modo, quedó la mujer en un estado de indefensión, por lo que al solicitar el amparo se dio la suspensión provisional y le reconectaron para posteriormente seguir el procedimiento.

Esto después de aportarse pruebas que demostraron que Agua de Puebla no es autoridad competente para realizar actos jurídicos, sino Soapap, por lo que se demostró que violó la ley.

El juez de distrito solicitó el informe a la concesionaria, en la cual señaló que había un adeudo, pero no acreditó que pudiera requerirle el pago, por lo que el juez notificó que ampara y protege en el sentido que Agua de Puebla, al no aportar la formula de sus cobros o tarifas, dejó en estado de indefensión a la mujer.

“Se ha demostrado que son ilegales los cobros de las tarifas, lo que abre un panorama amplio, ya que se gana con tarifas anteriores, al señalar el juez que son cobros exagerados y no de manera proporcional al ingreso mensual de los usuarios”, dijo.

Más ilegalidades

Asimismo, boletinar constantemente a usuarios al Buró de Crédito de parte de Agua de Puebla para Todos, es ilegal, por lo que ya se ganaron los primeros amparos contra el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), que debería ser la reguladora.

Así lo informó a Intolerancia Diario el activista y defensor del agua, Omar Jiménez, al señalar que este modus operandi de la empresa privada, es otro tipo de abusos para amedrentar a los clientes y allegarse de recursos.

Por lo tanto, señaló que ya se han ido presentando amparos contra esta acción, ganándose el primero hace unos días, en un dictamen de un juez federal.

Detalló que el amparo es de una usuaria de la tercera edad, quien cuando buscó un crédito bancario, se lo negaron, al informarle que desde el año pasado se le inscribió en el Buró de Crédito.

Agua de Puebla la boletinó por un adeudo de 12 meses por el servicio de agua además de reclamarle un crédito fiscal de ocho mil pesos.

Insistió que los cortes del servicio solo los puede hacer una autoridad, figura de la que carece la firma, ya que esta únicamente corresponde al SOAPAP, y en la mayor parte de los casos no es esta instancia la que los realiza.

Asimismo Omar Jiménez señaló que Agua de Puebla para Todos no cuenta con ninguna facultad para poder boletinar al Buró de Crédito a sus deudores, ya que en dado caso, esto tendría que recaer igualmente en el Soapap.

“Ni siquiera hubo una notificación formal por parte de la empresa hacia su clienta para que conociera que había sido inscrita dentro del Buró”, dijo, al señalar que es una anomalía ilegal más, porque como contratista sólo se debe de enfocar en la prestación de los servicios para los cuales fue contratada en un principio.

Reveló el activista que en próximos días presentará más juicios de amparo por las mismas causas ante jueces federales.

Señaló Omar Jiménez que Agua de Puebla cada vez actúa de forma más brutal, ya que está enviando a todos los usuarios con algún adeudo un documento que le denomina "Requerimiento Urgente".

El papel es suscrito por Marisol Aguilar Sánchez, directora de Atención Ciudadana, quien al ser empleada de una empresa particular y no autoridad, carece de facultades para requerir pago, además de que no acredita tener el cargo con el que se ostenta.

Acusó que Agua de Puebla debe invertir en infraestructura en colonias donde no hay red hidráulica ni de drenaje, ya que se excluyen a los habitantes de esas zonas.

Por lo tanto, aseguró que se les violan sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.