A poco más de dos años de las explosiones en San Pablo Xochimehuacan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una segunda recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al ayuntamiento de Puebla.
El organismo urge la reparación integral colectiva de 265 víctimas de la explosión de gas proveniente de una toma clandestina de ductos en dicha junta auxiliar, que dejó como saldo decenas de lesionados y cinco muertos.
Mediante la recomendación 169/2023 solicitó al gobierno capitalino entregue las viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas de nueve víctimas, quienes sufrieron daños en dichos bienes.
Señala que las autoridades federales y municipales omitieron llevar a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como proteger las viviendas y los bienes de las familias.
Tras examinar la evidencia del expediente número 6/2021/10251/Q, se destacó que hubo omisión y consecuencias penales y administrativas contra las autoridades por permitir la construcción de viviendas sobre los ductos de la paraestatal.
“La CNDH ha recomendado a Pemex que proceda a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar, así como a 11 indirectas, familiares de cinco víctimas fallecidas; dicha reparación deberá incluir la medida de compensación”.
Señaló que debe haber la creación de un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de las franjas de seguridad, hasta obtener sus condiciones y dimensiones originales en 22 colonias de la zona.
La historia
En el expediente, refirió que el día de la tragedia, el 31 de octubre de 2021, autoridades de Pemex tuvieron conocimiento de una fuga de gas.
En coordinación con el cuerpo de Bomberos de Puebla, procedieron a tomar las medidas de seguridad en el área y a evacuar a los habitantes de la colonia mencionada.
Por la situación se produjeron diversas explosiones que le causaron la muerte a cinco personas y lesiones a 11 más.
Ante los hechos, CNDH realizó una visita al área dañada, donde entrevistó a damnificados y practicó inspecciones oculares en el sitio.
Ante las evidencias, la CNDH acreditó que Pemex y el ayuntamiento de Puebla, no actuaron con la debida diligencia para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión del derecho de vía por construcciones irregulares en el lugar de los hechos.
“Resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas, en tanto que tienen un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas”.
“Para esta Comisión Nacional resulta claro que Pemex, Pemex Logística y el ayuntamiento de Puebla han incurrido en inobservancia, al no cumplir con sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad física para las viviendas construidas sobre el sistema de ductos conductores de Gas Licuado de Petróleo y su derecho de vía”, señala en un comunicado la CNDH.
Refirió que el ayuntamiento de Puebla incumplió con las responsabilidades que lo facultan para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Todo por haber permitido el crecimiento urbano irregular en Xochimehuacan y 22 colonias más sobre los ductos conductores de combustibles y su derecho de vía.