Luego de 14 meses, finalmente la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) emitió una recomendación por las omisiones de autoridades en un linchamiento en Santa Rita Tlahuapan.

La recomendación número 15 del año, se generó tras investigaciones del crimen registrado en la comunidad de San Miguel Tianguistenco, en la que calificó el organismo, como graves omisiones por parte de las autoridades municipales.

El 20 de abril de 2023, un hombre fue detenido por pobladores acusado de robar estructura de invernadero en un campo de cultivo, quienes lo golpearon y quemaron vivo.

Se determinó que aunque estaba la presencia de policías municipales, no se brindó la protección, ni se auxilió a la victima, para evitar su muerte.

La Policía Municipal acompañó a los familiares para que recibiera atención médica tras ser incendiado, el hombre falleció en el Hospital Integral de San Martín Texmelucan.

Tras las investigaciones de la CDH, se comprobó que las autoridades municipales y estatales no actuaron de manera oportuna para proteger la vida del retenido.

Todo a pesar de recibir las autoridades municipales los reportes a temprana hora, pero no intervinieron eficazmente para dispersar a la multitud y proteger a la víctima, conforme a protocolos.

Durante el linchamiento, además, hubo inacción, los agentes de seguridad pública presentes no tomaron medidas adecuadas para detener la violencia, incluso cuando la víctima estaba siendo atacada a golpes y quemada viva.

Por lo tanto se emitió la recomendación ya que hubo ausencia de coordinación entre las distintas autoridades locales y estatales, lo cual contribuyó a la incapacidad de manejar la situación de emergencia de manera efectiva.

Ahora, el municipio de Santa Rita Tlahuapan debe reparar el daño, proporcionando una reparación integral a las víctimas indirectas, incluyendo apoyo psicológico y compensación económica.

Además, señala que se debe capacitar a las autoridades municipales y estatales en manejo de multitudes y prevención de linchamientos; además, se debe mejorar el Protocolo de Respuesta.

También se debe presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se investigue y se identifique y sancione a los responsables de la inacción durante el linchamiento.