Apenas el 15.4 por ciento de las 69 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) se han cumplido desde enero de 2023 a septiembre de 2024, de parte de autoridades en las que se comprobó que violaron garantías individuales.

De las 41 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) durante 2023, solo nueve han sido cumplidas; en tanto, en 2024 de las 28 emitidas, solo dos han tenido cumplimiento de parte de autoridades.

Incluso de Las 8 mil 378 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en todo el territorio poblano registradas en 2023, apenas 41 llegaron a recomendaciones y en sólo 10 hubo conciliaciones.

Además, en los primeros nueve meses del año, apenas se han emitido 28 recomendaciones contra autoridades de todos los niveles por la violación de derechos humanos, por diez conciliaciones también.

Con estos números, el aún titular de la CDH Puebla, Félix Cerezo, pretende reelegirse en el cargo durante un periodo más, solicitud que presentó al Congreso estatal, pero que le fue rechazada.

De dichas quejas presentadas en el organismo o iniciadas de forma oficiosa en 2023 a través del monitoreo diario de noticias, el 58 por ciento fueron resueltas en el mismo periodo, debido a la restitución lograda de los derechos humanos transgredidos por autoridades estatales o municipales durante el trámite de su integración, informó CDH.

De este modo, en promedio cada hora del primer semestre del año, se recibió una queja contra autoridades estatales y municipales de todo el estado, por presuntas violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, solo una queja de cada 204 presentadas llega a ser una recomendación de la CDH contra las autoridades

Cerezo Vélez concluye su administración al frente de la CDH el 6 de noviembre del 2024, en caso de no ser ratificado, se tendrá el proceso interno para designar al nuevo titular para el periodo 2024-2029.

No cumplidas

Entre las recomendaciones no cumplidas destaca la recomendación 05/2024 a la Fiscal General del Estado de Puebla (FGE), por haber acreditado la violación a los derechos humanos, por una queja por presuntos actos de tortura y una detención ilegal.

El 25 de septiembre de 2020 aproximadamente a las 2:30am, la víctima fue detenida en el Estado de México dentro de una investigación por secuestro, junto con otras dos personas, por 8 agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsión, de la FGE (FEISE-FGE).

Derivado de los hallazgos médicos, se acreditó que durante el tiempo que la víctima estuvo a resguardo de los agentes aprehensores, estos la golpearon en distintas partes del cuerpo, con las manos y con el mango de un cuchillo, además, de que también la llevaron arrastrando de los cabellos y fue sometida a tal grado que, le pusieron un trapo en la boca, para echarle agua y mientras esto sucedía, los agentes le brincaban en el abdomen.

CDH consideró que toda detención en la cual se comentan actos u omisiones contrarios a los derechos humanos o a los valores y principios constitucionales, la vicia, de tal forma, que debe ser considerada arbitraria.

Por lo tanto recomendó a la CDH otorgar reparación integral con motivo de la violación a los derechos humanos, así como atención psicológica correspondiente de manera gratuita.

Además. pidió que el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la FGE inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de las autoridades responsables señaladas en la Recomendación.

Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de ser un caso desde 2020, continúa el estatus de la recomendación en “seguimiento”.

La recomendación es una resolución de la CDH derivada de una investigación en la que se acreditan violaciones a derechos humanos.

El documento incluye la descripción de los hechos, las evidencias reunidas resultado de las diversas diligencias practicadas por personal adscrito a las Visitadurías del organismo.

Asimismo, las ponderaciones, que describen y argumentan los derechos humanos vulnerados a las personas por actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Al final, se incluyen puntos recomendatorios con fines específicos tendientes a hacer prevalecer los derechos fundamentales de la personas, y si bien no son vinculantes, su probada oportunidad, implicaciones éticas y basamento en los derechos humanos la erigen en un instrumento público que permite el correcto funcionamiento de las instituciones al revelar el abuso e irregularidades cometidas por servidores públicos municipales y estatales, así como alternativas que permitan erradicar dichas conductas con el distintivo enfoque del respeto a la dignidad humana.

Historial de recomendaciones:

2024: 28

2023: 41

2022: 32

2021: 40

2020: 27

2019: 24

2018: 16

2017: 13

2016: 11

2015: 26

2014: 34

2013: 36

2012: 24

2011: 61