El gobierno de Puebla impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pago de 640 millones de pesos como indemnización a la empresa 'Melgarejo Construcción y Concesiones' por la cancelación en el 2012 de la concesión para la construcción del 'Libramiento Poniente', obra que conectaría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI.

A decir del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el monto que la constructora estableció "no es correcto" y se buscará revertir el fallo que dio la Segunda Sala de la Corte, mediante el cual se revocó la sentencia de un tribunal colegiado y se ordenó dar trámite a un amparo promovido por la constructora.

"Todavía no está firme (el fallo), seguimos preparando la defensa, es una lástima que la Corte haya actuado así; estoy preparando una explicación técnica para dárselas a conocer, para que sepan cuál es el estatus y qué fue lo que hicimos, pero nosotros asumimos que el Estado tiene la razón y habrá que analizarlo de varias formas", declaró este miércoles después de inaugurar la rehabilitación de la ciclopista Hermamos Serdán.

El mandatario estatal refirió que el gobierno estaba seguro de que el dictamen se resolvería a su favor y no que tendrían que pagar una multa "multimillonaria" por la cancelación de esta obra cuya adjudicación se dio en el 2009, durante la gestión del priista Mario Marín Torres.

"Yo fui personalmente a la Corte a alegatos de oídas, y esperábamos contar con un fallo positivo, ya que pensábamos que el dictamen iba a pasar como lo presentó el magistrado pero no, y no es correcto, hay violaciones a flagrancia", refutó.

De esta manera, el morenista dejó en claro que el Gobierno de Puebla agotará los recursos legales para evitar el pago de los 640 millones de pesos. "Hay alternativas para recurrir y eso es lo que estamos alegando", citó.

En sexenio morenovallista se abandonó el litigio

En su exposición, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, la empresa “Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V” obtuvo el contrato del 'Libramiento Poniente' en marzo de 2009, que consideraba una inversión de más de 640 millones de pesos, además de los derechos para explotar la vía por 30 años.

No obstante, en junio de 2012 la administración del panista Rafael Moreno Valle anunció que retiraría la concesión, debido a que la obra llevaba más de 3 años detenida por la falta de liberación del derecho de vía.

Aunque al finalizar el sexenio morenovallista, la construcción de la vialidad fue entregada a Pinfra, y la constructora Melgarejo solicitó al Gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, sin que hubiera respuesta de la administración estatal, a cargo en ese entonces de José Antonio Gali Fayad.

Ante ello, promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) local quien declaró la “negativa ficta”, ante la falta de respuesta de la autoridad y dándole la razón a la parte demandante.

Y de nueva cuenta, el Gobierno de Puebla promovió un amparo directo, el cual atendió primero un tribunal colegiado y luego llegó hasta la SCJN.