La noche del 25 de diciembre de 2015, "V1" —nombre clave para proteger su identidad— fue detenido en San Buenaventura Nealtican, Puebla.
Lo acusaban de homicidio.
Ese mismo día, según su testimonio, fue trasladado por policías ministeriales a un sitio desconocido.
Esposado, con la cabeza agachada, fue conducido a un cuarto con poca luz. Ahí, aseguró, comenzaron las agresiones: golpes en la cabeza y costillas, descargas eléctricas, amenazas y asfixia con una bolsa de plástico.
Como resultado, casi una década después, la CDH Puebla emitió la Recomendación 05/2025, en la que solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer los hechos.
Además, recomienda otorgar una reparación integral del daño y capacitar a su personal en el respeto a los derechos humanos, especialmente en los casos que involucran a personas con discapacidad.
La Comisión subrayó que su resolución no prejuzga sobre la responsabilidad penal de los implicados, sino que busca garantizar los derechos humanos conforme a tratados internacionales.
Tras el análisis de las evidencias y del expediente, la CDH Puebla determinó que existieron violaciones a los derechos humanos de la víctima, particularmente en términos de acceso a la justicia con enfoque de género, ajuste razonable en el proceso y falta de diligencia por parte del personal de la FGE.
Aunque en agosto de 2023 se emitió una propuesta de conciliación que fue aceptada por la autoridad, no se cumplió completamente con los puntos establecidos, lo que llevó a la reapertura del expediente de queja.
A pesar de la aceptación de la conciliación, la víctima no ha podido acceder adecuadamente a la justicia debido a la falta de ajustes procesales que permitieran su entrevista y participación en la investigación.
La tortura
“Me estaban ahogando con una bolsa… uno me ahogaba y otro me pegaba para que agarrara aire… así me podían matar”, declaró la víctima años al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), ya desde el interior del penal de San Miguel.
Así lo declaró V1, como se le nombra en la Recomendación, quien presenta una condición de discapacidad y permanece en prisión desde entonces.
Relató que fue llevado a un cuarto con poca iluminación donde se encontraban 6 personas aproximadamente entre ellos dos policías ministeriales que lo habían aprehendido, quienes le pusieron una bolsa de plástico de color negra en la cabeza para provocarle asfixia.
“(…) ahora sí hijo de tu puta madre, nos vas a decir toda la verdad si no quieres que te cargue la verga (…)” mientras golpeaban su cabeza y costillas reiteradamente, asimismo en tres ocasiones le dieron toques en las manos y en el estómago con cables y una batería de automóvil, también, le mostraban una cama amenazándolo para que firmara la declaración.
V1 les suplicaba que dejaran de golpearlo sin embargo no pararon, refiriéndole amenazas como “hijo de tu puta madre, no que muy machito, no que tú eras el jefe de la banda, te crees muy cabrón, pero ahorita vas a aprender lo que es ser cabrón hijo de la chingada”.
Además, era agredido en los tobillos y en la espalda, sin percatarse el tiempo que fue sometido a estos actos, pues derivado de la asfixia que le provocaron con la bolsa, perdía el conocimiento por momentos.
En tal sentido y al no aguantar más los golpes, V1 firmó los papeles que le dieron, aseguró, como consta en la declaración en la recomendación.
En 2020 recibió una sentencia de más de 21 años de prisión. En 2023, casi ocho años después de su detención, solicitó a la CDH Puebla la aplicación del Protocolo de Estambul, para evaluar si fue víctima de tortura.
La CDH, tras largas investigaciones concluyó que sí existen secuelas psicológicas atribuibles al momento de su arresto.
La evaluación psicológica reveló que V1 presenta un trastorno de estrés postraumático: tiene dificultad para dormir, muestra síntomas de ansiedad y depresión, ha caído en el consumo frecuente de tabaco y heroína,
Además, sufre afectaciones en su autoestima, memoria, emociones y relaciones personales.
El informe detalla que revive el evento traumático, sobre todo en fechas decembrinas, y expresa sentimientos persistentes de humillación, tristeza y miedo.
“Ya no me importa nada… todos me humillan, me pegan, no sé si voy a aguantar más”, manifestó durante su evaluación clínica.
En contraste, los dictámenes médicos realizados tras su detención no documentaron lesiones compatibles con tortura, aunque sí algunas equimosis en el pecho y escoriaciones.
No obstante, la CDH señaló que estas no fueron descritas conforme a los estándares periciales y se carece de evidencia médica del primer centro penitenciario donde fue internado.
La víctima también relató que durante el proceso penal no se tomaron en cuenta sus condiciones personales.
La Comisión acreditó que no se realizaron los ajustes procesales necesarios para garantizar su acceso a la justicia, pese a tratarse de una persona con discapacidad.
En agosto de 2023, la Fiscalía General del Estado de Puebla aceptó una propuesta de conciliación con la víctima. Sin embargo, al no cumplir con los compromisos acordados, el expediente fue reabierto por el organismo autónomo.
Como resultado, la CDH Puebla emitió la Recomendación 05/2025, en la que solicita a la Fiscalía esclarecer los hechos, otorgar una reparación integral del daño y capacitar a su personal en el respeto a los derechos humanos, especialmente en los casos que involucran a personas con discapacidad.
El testimonio de sus familiares, los peritajes psicológicos y la falta de atención institucional revelan un caso que, según la CDH Puebla, debe ser atendido bajo los principios de dignidad, inclusión y debido proceso.
La CDH Puebla recomendó a la Fiscalía:
- Realizar diligencias para esclarecer completamente los hechos denunciados.
- Brindar reparación integral del daño a la víctima.
- Continuar la integración de expedientes y garantizar el acceso a la justicia.
- Capacitar al personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
- Instruir a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso sobre derechos de mujeres con discapacidad.