El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó el cierre definitivo del Juzgado Municipal de Xicotepec.
La medida fue oficializada mediante un Acuerdo General fechado el 8 de mayo de 2025 y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el viernes 23 del mismo mes.
La resolución, que entró en vigor a partir del 12 de mayo, implica la conclusión inmediata de las funciones de dicho órgano jurisdiccional. En adelante, los asuntos que correspondían a esta instancia serán absorbidos por el Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, con lo cual se busca optimizar la administración de justicia en la región.
El acuerdo fue certificado por el secretario de Pleno del Consejo de la Judicatura, Efraín Machorro Gayosso, quien detalló que la decisión responde a un proceso institucional de reorganización judicial.
Según el documento, todos los expedientes activos, pendientes o en ejecución serán sustanciados por el órgano jurisdiccional mencionado, mientras que los casos ya concluidos deberán ser remitidos al Archivo Judicial.
“Se determina la conclusión de funciones y se ordena el cierre definitivo del Juzgado Municipal de Xicotepec, a partir del día doce de mayo de 2025”, precisa el primer punto del acuerdo.
Asimismo, se establecen lineamientos claros para la transferencia de casos, así como para la supervisión del proceso por parte del Órgano Interno de Control.
La clausura del juzgado no es un procedimiento menor, ya que durante los quince días hábiles posteriores al cierre, se deberá elaborar un acta formal de entrega-recepción con la intervención de autoridades internas del Consejo.
Este paso busca garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de expedientes, recursos y bienes.
Además, se instruyó la destrucción inmediata de los sellos oficiales pertenecientes al juzgado clausurado.
Este procedimiento será ejecutado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en coordinación con el Órgano Interno de Control, como parte de las acciones para evitar el uso indebido de elementos oficiales.
Para coordinar la correcta implementación del cierre, el acuerdo faculta al Administrador General de Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles, Laborales y Municipales, así como a la Administradora de Juzgados Municipales y de Paz. Ambos deberán garantizar el cumplimiento cabal del proceso en colaboración con los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
El Consejo de la Judicatura enfatizó que cualquier situación no contemplada en el presente acuerdo será resuelta directamente por el Pleno, asegurando así una conducción institucional de los imprevistos que puedan surgir durante la transición.
Finalmente, el acuerdo fue difundido a través del correo electrónico institucional y del portal oficial del Poder Judicial, y se ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado debido a su “inminente relevancia social”.
Aunque no se especifican en el documento las razones puntuales del cierre, esta decisión se enmarca dentro de un contexto más amplio de reestructuración del sistema judicial en el estado, cuyo objetivo aparente es centralizar funciones y mejorar la eficiencia del aparato jurisdiccional.
