Consejeros electorales señalaron que aún no les turnan la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, para que el IFE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vigilen el manejo de los recursos de los gobiernos, con el fin de evitar que se destinen a fines electorales.

En ese sentido la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados exhortó la víspera al Instituto Federal Electoral (IFE) y a los órganos locales a supervisar que los recursos públicos y los programas sociales no sean utilizados a favor de candidatos o partidos en las próximas campañas.

En entrevista, el consejero electoral Sergio García Ramírez recordó que las facultades del IFE están acotadas en la Constitución, y “dudo que auditar gastos de los gobiernos en relación con programa sociales sea una atribución del órgano electoral”.

“No cabe duda que es importante saber en qué gastan los gobiernos dentro de los llamados programas sociales, pero dudo de que ésta sea una atribución específica del Instituto Federal Electoral, cuyas encomiendas están claramente establecidas por la Constitución y la ley”, insistió.

Por separado, el consejero Alfredo Figueroa sostuvo que el IFE no está facultado para establecer auditorías de los programas sociales de los gobiernos en sus tres niveles, pues dichas revisiones corresponden a organismos del Estado que se dedican a eso, en particular la ASF.

Comentó que “los consejeros electorales estamos mirando justamente todos aquellos aspectos que tienen que ver con la equidad de la contienda, con la defensa del voto libre y con la organización impecable del proceso electoral”.

Figueroa Fernández reconoció en entrevista que aún existen prácticas que hacen que se presione, se coaccione o se condicione la voluntad de las personas a la hora de ejercer su voto, y el IFE trabaja de manera permanente contra esas condiciones y en esa tarea.

Sin embargo no es la única autoridad vinculada a ello, “me parece que de manera destacada lo es en su caso la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, la cual debe intervenir frente a prácticas que pudieran ser consideradas delictivas en esa dirección”.

Tanto García Ramírez como Figueroa Fernández se manifestaron dispuestos a estudiar la propuesta de López Obrador, precandidato de la izquierda a la Presidencia de la República, sin que ello implique que el IFE pretenda invadir esferas de atribuciones de otros órganos del Estado mexicano.