La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), solo se utiliza para fines políticos y contrapesos sin sustento jurídico, aseveró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta

En videoconferencia de prensa, el mandatario estatal criticó la postura de solicitar un nuevo pacto federal y fiscal, al señalar que solo se trata de los grupos panistas y priistas.  

Argumentó que dichos actos siempre han sido pedidos por la izquierda mexicana, sin embargo fueron negados en tiempos que gobernaban los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). 

“Son panistas y priistas y están agrupados políticamente en la Conago con fines y propósitos evidentemente políticos. Eso quedo a la vista siempre. De ninguna forma yo estaré conciliando un diálogo con ellos, de ninguna forma”, dijo. 

Resaltó que es una asociación permanente de gobernadores, no de estados, por lo que no tiene ninguna constitución legal. 

“Sirve como instrumento de negociación con la federación lo que fue su propósito de origen. Así debe mantenerse, cuando se le quiere encontrar posicionamientos políticos para fines electorales, se afecta todo”, sentenció el mandatario. 

De este modo señaló que discutir temas relacionados con un nuevo federalismo, pacto fiscal, es un asunto viejo. 

Recordó que cuando fue diputado federal en la 58 legislatura el tema de un nuevo pacto fiscal ya era viejo, se discutió en el año 2000 cuando era presidente Vicente Fox. 

“Los panistas eran los menos interesados del debate impulsado por la izquierda, mientras los priistas socarronamente se quedaban callados porque querían regresa al poder”, dijo. 

Aseveró que entonces los gobernadores panistas se quedaron callados en estos temas, y cuando regresó el PRI  con Enrique Peña Nieto, la izquierda siguió proponiendo un nuevo pacto federal. 

“Pero ni al PRI ni al PAN les interesó, porque buscaban un tema de gobierno bipartidista. Ahora se unen al actualizar ese debate, nadie les niega ese derecho, pero que no pongan condición entre Conago con convención nacional hacendaria”, sostuvo. 

“En la última reunión se los fui a decir, tenemos clarito, cuando fui presidente del Senado de septiembre de 2014 a agosto de 2015, el presidente de la Conago era Eruviel Avila, quien llegó acompañado de su comitiva entre ellos el extinto Rafael Moreno Valle, a plantearnos una reforma constitucional para que Conago tuviera previsión en la constitución”, dijo el gobernador.  

“La Conago no es un orden de gobierno, sólo federación estado y municipios sin poder intermedio de ellos. Hoy quieren hacer contrapeso en esa negociación, pues que se salgan”, dijo. 

Sin acuerdos 

Apenas hace un día, debido a la falta de acuerdos y ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, confirmó que en la próxima reunión de la Alianza Federalista sus 10 miembros votarán por salirse en bloque de la Conago

El mandatario de dicha entidad, explicó que en la reunión de gobernadores con el jefe del Ejecutivo Federal en San Luis Potosí se llegaron a acuerdos y días posteriores se desecharon. 

Afirmó que el Presidente no ha formalizado nada con los gobernadores, incluso mencionó que tampoco ha convocado a la reunión para analizar el Pacto Fiscal. 

Silvano Aureoles Conejo señaló que es “altamente probable” que los 10 integrantes de la Alianza Federalista dejen la CONAGO y busquen una forma de modificar el Pacto Fiscal, es decir, un Plan B. 

Además en un comunicado, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral adelantó que la Alianza Federalista se reunirá para discutir el Convenio de Coordinación Fiscal, acuerdo que alcanzaron la Conago y el Gobierno Federal, el pasado 19 de agosto. 

En la próxima reunión de la Alianza a celebrarse el 7 de septiembre en Chihuahua, y de votar por seguir en esta agrupación, el mandatario local dijo que Michoacán y Chihuahua sí se saldrían por las actitudes del primer mandatario. 

Silvano Aureoles añadió que lo idea a los 10 gobernadores y otros que no están en esta agrupación, es que el esquema del Pacto Fiscal se modificó un 75% para la Federación y un 25% para las entidades con el fin de que sea más justo y equitativo la distinción de los ingresos.