La Cámara de Diputados avaló este miércoles la llamada Ley Ingrid, iniciativa que sancionará a funcionarios, medios de comunicación y personas que capturen y difundan imágenes de víctimas de delito como feminicidio.
El dictamen fue avalado por unanimidad con 470 votos a favor y a partir de hoy es turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
A partir de ahora, la Ley Ingrid castigará a los servidores públicos que lleven a cabo alguna de las acciones en las que se vea inmiscuida una investigación penal.
🚨#ÚLTIMAHORA | ¡CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA #LeyIngrid A NIVEL FEDERAL!
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 23, 2022
La Ley Ingrid sanciona a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con una investigación penal.
Pasa al Senado para continuar el proceso legislativo pic.twitter.com/OG1yVQ2jJQ
Es decir, aquellas personas que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento o información, serán acreedores a dicha sanción.
El caso de Ingrid Escamilla nos llenó de rabia, y millones de mujeres nos organizamos en redes sociales para contener la difusión de las fotografías que la revictimizaban.
— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) March 24, 2022
Este doloroso ejemplo, hoy sirve para cuidar a muchas otras mujeres: quedó aprobada la Ley Ingrid. pic.twitter.com/3KWnRMkYli
Sanciones por Ley Ingrid
De acuerdo con la iniciativa, las sanciones para quien viole esta son desde multas de 100 a 150 días de salario mínimo, además de cuatro a 10 años de prisión.
En caso de que la información que sea difundida se trate de mujeres, niños, adolescentes o personas con discapacidad, la sentencia aumentará una tercera parte.
La Ley Ingrid surgió a partir de la reacción a nivel nacional e internacional sobre la difusión de las fotos de la escena del crimen de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, oriunda de Puebla, que murió asesinada a manos de su pareja sentimental el 9 de febrero de 2020.
La difusión de las imágenes del crimen en redes sociales, así como su uso en diversos medios de comunicación causó indignación en diversos sectores de la sociedad, incluso a nivel político.
A partir de esta situación, se buscó crear una ley que proteja a las familias de las víctimas para no ser blanco de la revictimización.