Gladys tiene 31 años de edad y salió del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, el pasado 30 de agosto. A ella se le impuso una pena de 4 años, 9 meses de prisión, y una multa de 6 mil 295 pesos por el delito de robo agravado calificado.

Tiene dos hijos menores de edad y están bajo el cuidado de su padre en Oaxaca; ellos son su única red de apoyo. Desde prisión, les envió dinero producto de su trabajo. Ella era comerciante y se dedicaba al repartir comida.    

El 21 de junio de 2015, Gladys intervino en una pelea callejera de su pareja, a quien le encontraron un teléfono celular robado y mil 500 pesos. A pesar que no tuvo nada que ver con la situación y con el delito señalado fue detenida por elementos de la policía.

 

 

En la explanada del penal femenil, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, aseguró que con este caso se evidencia la injusticia de una justicia machista.

“La persona que sí estaba involucrada, su entonces pareja, estuvo libre. Ella no tuvo nada que ver y sufrió una pena fuerte. También nuestro sistema de justicia castiga de una forma severa a las mujeres. ¿El robo de un celular que se recuperó merece una pena de más de 4 años? Estamos frente a un sistema punitivista que castiga a las personas más vulnerables”.

Sandoval Ballesteros lamentó que nuestros sistema de justicia, en vez de preocuparse por tener un sistema restaurativo, castiga a la gente más pobre.

 

 

Al momento de salir, Gladys recibió una llamada del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar, quien le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“¿Lista para ver a sus hijos? Disfruta esta nueva oportunidad y camino que se abre. Me llena de alegría saber que usted está libre y le deseo lo mejor para usted y su familia. Seguiremos apoyando a las mujeres de Santa Martha para que accedan a una justicia en igualdad de condiciones”.

Hasta el momento, el Instituto representa a 577 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 489 son madres, 23 de pueblos y comunidades indígenas, 3 extranjeras, 80 de la comunidad LGBTTTIQ+, 71 en pobreza extrema, 23 adultas mayores y 68 con salud precaria. 

Hay que recordar que Gladys es el tercer caso de liberación derivado del convenio entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Gobierno de la CDMX para que defensores públicos federales intervengan en asuntos del fuero común.