El Senado de la República se alista a aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que endurece las medidas contra el lavado de dinero, al ampliar la vigilancia a operaciones financieras comunes entre la clase media, como la escrituración de viviendas de poco más de 900 mil pesos o la constitución de empresas con capital inicial desde 452 mil pesos.
El proyecto, elaborado por la Comisión de Justicia del Senado, modifica los parámetros económicos para considerar que una operación puede ser utilizada con fines de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, al sustituir los criterios basados en el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que implica una reducción significativa en los montos a partir de los cuales una transacción será considerada vulnerable.
Actualmente, la ley exige que se reporten operaciones inmobiliarias cuando el valor de la propiedad supera los 4.4 millones de pesos. Con la reforma, dicho umbral se reduce a 905 mil 120 pesos, al calcularse sobre ocho mil veces el valor diario de la UMA, que en 2025 es de 113.14 pesos.
En el caso de la constitución de empresas y la creación de fideicomisos, el nuevo umbral bajará de 2.2 millones de pesos a 452 mil 560 pesos. La reforma también afectará a la construcción de inmuebles, cuyo monto mínimo para ser reportado pasará de 2.2 millones a 907 mil 948.5 pesos.
El dictamen contempla además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para desarrollar metodologías de análisis interdisciplinario que permitan entender y rastrear las estructuras financieras del crimen organizado, así como prevenir el uso de recursos ilícitos para su financiamiento.
La iniciativa establece que, para proceder penalmente en delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucren al sistema financiero, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual será reconocida como víctima u ofendida.
Con estos cambios, la reforma no sólo fortalece los controles financieros, sino que también amplía el espectro de vigilancia a sectores económicos donde antes no se enfocaba, afectando de manera directa a sectores de la clase media.
Con información de Excélsior.