Durante la sesión ordinaria, los legisladores también aprobaron por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que permite realizar una serie de cambios estructurales que impactan en las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, estableciendo garantías jurisdiccionales a los sentenciados durante la ejecución de las sanciones; de esta forma, se materializa la protección legal de los mismos, desde el conocimiento del proceso penal hasta la ejecución de la sentencia.
Una más de las aprobaciones fue el decreto por el que fueron reformadas diversas disposiciones del Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual complementa la función central de la ejecución penal, que será en todo momento la reinserción social del sentenciado. Con esto se garantizará al adolescente mediante sentencia irrevocable el goce de sus derechos y garantías fundamentales, previstos en las leyes especiales de la materia.
Los legisladores siguieron con el dictamen con minuta de ley de ejecución que presentó la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que reforma la estructura de los autoridades de primera instancia ampliando los juzgados existentes, en razón de las reformas al sistema de justicia penal; también plantea la creación de nuevos juzgados en materia penal, de control, de juicio oral y ejecución de sanciones; los juzgados de exhortos, extinciones de dominio y jueces supernumerarios e itinerantes.
Y finalmente el dictamen con minuta de ley de ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Estado de Puebla también fue aprobada por unanimidad, lo que permitirá facilitar a la autoridad administrativa responsable de los Centros de Reinserción Social el manejo de los mismos, fundamentalmente el desarrollo de los consejos técnico-interdisciplinarios como un medio profesional para acreditar la efectiva reinserción y proporcionar al juez de Ejecución los elementos para su buen proceder.
La ley contempla la ejecución de las sanciones penales impuestas por las autoridades competentes y la reinserción social de los sentenciados con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, conforme a las normas constitucionales, así como establecer lineamientos para la operación de los Centros de Reinserción Social y normar el sistema del régimen penitenciario encaminado a la reinserción social de los sentenciados y las tareas asistenciales para los liberados.
Un punto que fue incluido en la orden del día, de último momento, fue la aprobación del dictamen con minuta de ley que crea el Consejo de Armonización Contable para el Estado de Puebla, el cual tendrá como objetivo armonizar la contabilidad gubernamental de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios de la entidad.
Las funciones del consejo serán difundir y aplicar las normas contables, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para transparentar la información financiera pública, así como asesorar y capacitar a los entes públicos estatales y municipales en la instrumentación de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.
El diputado Lauro Sánchez López declaró que “Puebla tendrá un Consejo de Armonización Contable que permitirá que las mismas formas que se utilizan a nivel federal para la programación de presupuestos y transparencia de las cuestiones relacionadas con la contabilización de recursos, resultado de dos iniciativas presentadas una por el PAN y otra por su servidor, que al ser muy similares nos permitieron hacer reformar mínimas y enriquecer ambas para sacar una sola Ley de Armonización muy completa e integral”.
Indicó que durante la sesión de la Comisión de Gobernación fueron aprobadas las modificaciones a la iniciativa propuesta por Acción Nacional sobre el particular, con el propósito de enriquecer la ley y tener al final con una sola iniciativa conformada por las aportaciones tanto del PAN como del PRI.
Van por los tesoreros
El diputado del grupo legislativo del PRI, Filiberto Guevara González, presentó ante el pleno en la sesión ordinaria del Congreso del estado la propuesta para que tanto servidores públicos municipales como directores de obra, contralores y tesoreros también sean sujetos de investigación por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en caso de irregularidades en las cuentas públicas analizadas.
Por eso sometió a discusión la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para que aquellos funcionarios públicos que durante su encargo manejaron recursos del erario también sean responsables de sus acciones y respondan a los cuestionamientos de la autoridad respectiva hasta que sea aprobada la cuenta pública del Ayuntamiento al que pertenece o, en su caso, sancionada.
Precisó que la administración pública es muy dinámica y tiene rotación de servidores públicos que al término de su periodo se alejan, sin embargo cuando se presentan las observaciones y se deben solventar, sólo es el presidente municipal el que debe responder incluso por observaciones derivadas del actuar de sus funcionarios.
Dijo que esta iniciativa busca que cada funcionario se responsabilice por sus actos, y que con esa medida esté obligado a presentarse ante los organismos competentes a solventar cualquier duda derivada del manejo de recursos que aplicó durante su gestión.