Hernández Arias criticó que con esta propuesta, la cual se ha discutido y aprobado en otros estados de la República, se avance en el tema del aborto como un problema de salud pública.
La iniciativa contempla un tratamiento médico integral, multas de 50 a 500 días de salario mínimo, y jornadas de 80 a 250 de trabajo comunitario; además de cárcel en caso de reincidencia.
La representante de la red DDSER señaló que tras una iniciativa que se presenta como “progresista” y “humanitaria” se “esconde un discurso de doble moral” al no considerar a las mujeres sujetos de derecho y empoderarlas en sus decisiones.
“Nosotras nos preguntamos cómo es que de fondo resuelve el problema de los abortos clandestinos, y en qué situación quedan las mujeres poblanas más pobres.”
De acuerdo con estadísticas recabadas por DDSER, a través de solicitudes de transparencia en el sexenio pasado, son 30 mujeres las que están siendo procesadas por practicarse un aborto.
En 2009, 120 mujeres promovieron un amparo en contra de la reforma constitucional conocida como “Ley Bailleres”, señaló Hernández Arias.
En redes sociales también hubo una serie de críticas a la propuesta del gobernador de Puebla. La exlegisladora local Susana Wuotto definió desde su cuenta de Twitter que la iniciativa remitida al Congreso “trata a las mujeres como loquitas” y que modificar la naturaleza de la sanción no es despenalizar, ya que la multa y someterse a terapia es también una sanción.
Desde su cuenta de DDSER se escribió el siguiente tuit: “Las poblanas tenemos dignidad, urge ser contundente y rechazar iniciativas que nos denigran”.
Por su parte, el PRI emitió un comunicado fijando su postura sobre la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo.
La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, consideró que el tema del aborto debe ser asumido como un asunto de salud pública. Consecuentemente, estimó pertinente no castigar con pena corporal a las mujeres que practiquen este método bajo determinadas circunstancias.
Lucero Saldaña consideró que se trata de un asunto de dos, por lo que debe existir corresponsabilidad de la pareja y no penalizar exclusivamente a las mujeres. De igual forma, dijo que tampoco es conveniente fijar altos montos económicos a manera de sanción, en alusión a la multa de 50 a 500 días de salario mínimo que se contemplaría aplicar, ya que muchas de las mujeres que abortan viven en situación económica precaria.
Por otra parte, se pronunció a favor de políticas públicas de salud orientadas a establecer acciones preventivas como las platicas de apoyo sicológico en torno al aborto, “se requieren soluciones alternativas de aplicación previa al aborto, estas son las más importantes”, dijo Lucero Saldaña.
De igual forma, añadió que se tiene que reaccionar ante las presiones de la sociedad y de las propias mujeres en torno a la estigmatización del aborto, “que no se tome a las mujeres como las únicas culpables, tenemos que cambiar esa perspectiva”, expresó.
La advertencia
Por su parte, la exdiputada Rocío García Olmedo afirmó en entrevista con Intolerancia Diario que a pesar de que hay un avance en la reducción de la pena, lo grave es la “doble victimización de las mujeres”.
“Si de lo que se trata es demostrar que este delito no merece pena mayor (como 35 años en Guanajuato), de entrada es buena reducen la pena a seis meses a un año.”
García Olmedo señaló que actualmente la pena es de 1 a 5 años de prisión, pero lo grave es la doble victimización a las mujeres al introducir en el capítulo de Internación de enfermos mentales de manera desordenada, a partir de una revisión rápida al Código vigente el artículo 56 quáter, que pertenece al capítulo de Sanción Pecuniaria.
Criticó la premura y desorden como se construyó la iniciativa: “Sólo lo jalaron. Eso es patético. El bien jurídico protegido son las mujeres y esto violenta los derechos humanos de las mujeres.”