La presunta empresa defraudadora Provnamac condicionó a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal la entrega de los materiales a campesinos, sólo si le daba otros contratos en los que se viera beneficiado, lo que fue rechazado.

De esta manera, dicha empresa —de origen hidalguense— trató de negociar con autoridades de la dependencia, luego de que no ha entregado material de construcción a 342 familias de escasos recursos.

Asimismo, la Sedesol federal desmintió a la exdelegada Myriam Arabian, quien aseguró que aún no se consumaba un fraude al señalar que está a punto de interponer una denuncia penal contra la empresa.

Exfuncionarios habrían incurrido en un fraude por casi siete millones de pesos al desviar fondos de uno de los programas dirigidos a las familias más pobres del estado, durante la administración de Arabian Couttolenc.

Se trata de por lo menos 342 cheques, de 20 mil pesos cada uno, que fueron pagados a la empresa Provnamac SA de CV, para que entregara material para construcción a gente de escasos recursos.

La condición
Luego de que se detectara el presunto fraude en el que incurrió la referida empresa hidalguense, las nuevas autoridades de Sedesol se pusieron en contacto para negociar la entrega del material.

Una de estas reuniones se realizó el pasado 11 de marzo, como consta en la minuta en poder de Intolerancia Diario, en la que supuestamente acordaron que en próxima reunión, nueve días después, darían las fechas de entrega del material a los campesinos.
En esta reunión estuvo presente el ahora exsubdelegado Arturo Gutiérrez Torrero, quien estuvo inmiscuido en la entrega de los cheques a la empresa, de 20 mil pesos cada uno, algunos de estos con presuntas firmas falsas.

Sin embargo, el 20 de marzo los directivos de Provnamac, entre ellos Antonio Hernández Estévez —socio minoritario— y Luis Jhovany Cruz Lozano, representante legal de la empresa, no accedieron a la oportunidad que les dio la Sedesol.

Lo que sí pretendieron lograr los empresarios es un nuevo beneficio económico, al condicionar que si les daba la Sedesol un nuevo contrato millonario, podrían cumplir con la entrega del material.

Esta condición fue rechazada por el subdelegado Paulino Herrera Aguilar, quien además amenazó a los empresarios con interponer la denuncia penal por el delito de fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR), si no se llegaba a un acuerdo.

En entrevista con Intolerancia Diario, el funcionario federal confirmó que el fraude se consumó desde que terminó 2012, desmintiendo a Myriam Arabian, quien aseguró que la empresa tenía hasta julio de 2013 para cumplir el acuerdo.

Sin embargo, indicó que en busca de que a los beneficiarios del programa de Vivienda Rural se les haga llegar el material de construcción, se han iniciado las negociaciones con Provnamac para evitar un litigio que dure mucho tiempo.

Pero advirtió que en caso de que no se llegue a un acuerdo, se acudirá a las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades en el presunto fraude de cerca de 7 millones de pesos.

En una carta enviada a este medio, Arabian Couttolenc afirmó que no se había consumado el fraude por las fechas.

“(…) que en caso de no cumplir con la entrega del material dentro del plazo que exigen las reglas de operación —12 meses—, estaría entonces consumando el fraude”, sentenció al argumentar cuatro puntos:

”1. El Programa de Vivienda Rural se concluye hasta que se emite oficialmente el cierre del ejercicio.

”2. En el caso de este programa a diferencia de otros programas de la Secretaria, el cierre no coincide con el 31 de Diciembre del año en cuestión, sino que a partir de la entrega del Bono se tiene un año para canjearlo por materiales y aplicarlos en el mejoramiento de la vivienda, plazo que aun no concluye.

”3. Cabe mencionar que el fraude se tipificaría si la empresa incumple en la entrega en Julio 2013.

”4. En ese sentido a la fecha no existe documento alguno suscrito por mí que de por cerrado el programa o que avale el cumplimiento de las metas.”

En entrevista para Intolerancia Diario, la exdelegada aseguró que no protege a nadie, por lo que se debe de investigar la anomalía al reconocer que existe esta serie irregularidades en el pago por adelantado de los cheques y hasta un posible influyentismo.

El tráfico de influencias se pudo haber perpetrado por el subdelegado Arturo Gutiérrez Torrera —quien ya presentó su renuncia—, debido a que la empresa Provnamac, que adeuda el material, proviene del estado de Hidalgo, donde fungió en el mismo cargo federal.

Arabian Couttolenc señaló que fue por medio de dicho funcionario como la empresa llegó a Puebla a hacer el negocio de las viviendas, ya que desde el vecino estado la conocía.

“Todos coincidieron con esta empresa, que es de Hidalgo, que es de donde venia el subdelegado, lo conocía y se ve que les dijo: va a haber paquetes de vivienda acá y bueno, fueron a ver a la gente, se los ofrecieron y la gente aceptó que fueran su proveedor.”

La advertencia
Apenas el pasado 25 de febrero el delegado de Sedesol en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, por medio de un escrito en poder de este medio, solicitó a Provnamac el reintegro de los 6 millones 840 mil pesos.

Fue en la reunión arriba señalada cuando el representante de la empresa recibió el oficio firmado por Vega Rayet donde se le exigían los recursos pagados de manera irregular, para lo cual se daba un plazo de cinco días hábiles.

Sin embargo, a pesar de que pasaron esos cinco días hábiles aún no se interpone la denuncia penal y se siguen las negociaciones, aunque se dio vista al área de Control Interno.

Si Sedesol llega a interponer una denuncia, las autoridades tendrían que seguirla de oficio y se sancionaría tanto a la empresa como a los funcionarios de la administración anterior que estuvieron involucrados en el caso.

El hecho de que se pagó a la empresa de manera directa por los materiales es una acción violatoria de los estatutos de programa, ya que los bonos tienen que ser entregados a los beneficiarios y ellos posteriormente hacen las compras al proveedor.

Campesinos afectados por el presunto fraude aseguraron a Intolerancia Diario que nunca firmaron o endosaron ningún cheque, por lo que indicaron se pudieron falsificar o inventar firmas.

Fuentes de la dependencia federal confirmaron que los cheques cuentan con los endosos, las supuestas firmas de la que gente que recibiría el apoyo, por lo que ahora la PGR podría investigar el presunto fraude mercantil.

La ahora exdelegada de Sedesol, Miriam Arabian, también confirmó en entrevista que los cheques los debieron haber endosado los beneficiarios para ser entregados a la empresa proveedora, pero algunos campesinos afirman que nunca firmaron nada.

—¿Pero dónde están los cheques ahorita?

La exfuncionaria respondió encogiéndose en hombros.

—¿Supuestamente ya los tiene la empresa?

—Supuestamente ya los tiene la empresa, yo eso no lo sé.

—¿Ya los cobró la empresa?

—Pero cómo, si los beneficiarios los debieron haber endosado, eso a mí no me cuadra, no puedes sacar cheques a nombre de la empresa (…) tiene que haber un consentimiento de parte del beneficiario de entregar ese cheque.

—¿Esa es la duda?

—Bueno, la duda es lo que dicen, yo ya no tengo acceso a las cuentas ni a nada, nada más estoy de enterada de lo que se ha hablado de los beneficiarios, no me puedo estar metiendo mucho allá, me van a decir que yo qué.

—¿No ordenó usted el pago?

—No, jamás, aparte ni se le paga a la empresa, no hay una empresa a la que se le pague. Es a solicitud del beneficiario que endosa, normalmente lo hacen, se reúnen todos con la misma empresa, porque llevar kilos de cemento y tres varillas nadie lo hace.

—¿Podía haberse engañado a la gente para que firmara?

—Puede ser, eso es lo que se tiene que investigar, aquí el tema es que la empresa tiene que cumplir sobre todo si los cheques fueron endosados a ellos (…) hay que ver quien entregó primero los cheques a los beneficiarios y por qué los cheques se endosaron, ¿quién les dijo que los endosaran sin haber recibido los materiales?

”A mí no me habían dicho que ya habían firmado los cheques, porque generalmente no firmas los cheques hasta que te entregan las facturas, entonces al tener las facturas, los beneficiarios la endosan.”

—¿Entonces quiere decir que ya se entregaron?

—Sí, ya, (…) pero yo no tenía conocimiento que se habían hecho los cheques.

Bonifacio Barrales Hernández, uno de los afectados, aseguró en entrevista a este medio, que jamás firmaron ningún documento, mucho menos un cheque, por lo que exigió a las autoridades continuar las indagatorias.

Bonifacio es un campesino originario de San Miguel Tlayoatla que habita una vivienda con nueve personas, entre esposa, hijos y nietos.
Además Bonifacio, de más de 60 años de edad, funge como regidor de la junta auxiliar perteneciente al municipio de Tepeaca, es esposo de la que sería beneficiada del programa, María Ricarda Romero González.

—¿Ustedes firmaron cheques?

—No, esa es una mentira, ningún cheque y nunca presentaron esos cheques, nunca nos han enseñado.

”Eso es falso, porque a nosotros nada más nos dieron eso (documentos oficiales para recibir el material para la construcción), no firmamos nada, se entregó eso nada más.”

—¿Nada más entregaron ustedes copias de la CURP, IFE y acta de nacimiento?

—Exacto, esos fueron los documentos que nos pidieron.

—¿Alguno otro que sí haya firmado un cheque?

—No, nadie, nadie, nosotros somos testigos todos los compañeros, hasta estábamos pensando ir a hacerles una manifestación más que nada para que nos hicieran caso, pero de cheques nadie ha firmado ningún documento, eso es falso.