El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado, Guillermo Aréchiga Santa María, rechazó el uso de la violencia que han implementado algunos grupos que dicen pertenecer al magisterio, e indicó que la reforma constitucional ya fue consumada y no hay marcha atrás, pero hay todavía un proceso para perfeccionar el documento, que es por medio de la Ley General de Educación.

Luego de los hechos violentos que se presentaron a mediados de semana en Chilpancingo, Guerrero, donde fueron atacadas las instalaciones de cuatro partidos políticos, Aréchiga Santamaría sostuvo que la violencia nunca será la mejor vía para resolver los problemas, sobre todo en el caso de la educación y, en el caso de Puebla, el magisterio se pronuncia por la vía del diálogo.

Recordó que él fue de los diputados locales que votaron en contra de la reforma constitucional, pero fueron las cámaras de diputados y senadores, así como 25 congresos locales, los que la votaron a favor, y ahora lo que procede es el comenzar a construir la Ley General de Educación, así como los reglamentos.

El también integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconoció que, en lo personal, está a favor de algunos puntos de la reforma, como el hecho de que las plazas de los maestros ya no se hereden y que quienes lleguen a ocupar lo hagan por méritos propios.

Aréchiga Santamaría sostuvo que los maestros en Puebla, a pesar de diferir con algunos puntos de la reforma aprobada, no harán paros y sólo se manifestarán como hasta ahora, ya que ante todo está el interés de los alumnos que siguen el ejemplo de los profesores.

Indicó que en Puebla van a trabajar para que, por medio de la Ley General de Educación, se mejoren las condiciones para elevar la calidad educativa, que se hagan ajustes que den estabilidad laboral a los maestros.

Aclaró que no están en contra de que se dé la evaluación, pero ésta no puede ser general porque las condiciones no son las mismas para un maestro de la zona rural que quien vive en la zona urbana, los usos y costumbres, y es donde se presentó la controversia, ya que no se especifica cómo se evaluará.

Insistió en que en el Congreso del estado se harán propuestas que puedan ser retomadas para elevar la calidad de la enseñanza educativa.