A un mes de haberse aprobado la iniciativa para privatizar los organismos operadores de los sistemas de agua potable, inició la campaña orientación donde se promoverán, por parte de los ayuntamientos, las controversias constitucionales, los amparos por parte de los usuarios, así como las movilizaciones en todo el estado.
En conferencia de prensa, encabezada por la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática Roxana Luna Porquillo y por representantes del Frente Campesino de Ejidatarios y pequeños propietarios de la Sierra Nevada de Texmelucan, se anunció que se defenderá el agua que es propiedad de los ciudadanos.
Los abogados de los campesinos explicaron que en estos momentos se encuentran en la campaña de orientación a los ayuntamientos para que una vez que se publique el decreto pueda interponerse la controversia constitucional, además de preparar la argumentación legal para que los ciudadanos recurran al amparo de la justicia federal una vez que les llegue el primer recibo por parte de un organismo privado que no tiene facultades legales para hacerlo.
Silvano González Abad, así como Abraham Cordero Calderón, indicaron que las movilizaciones será la tercera vía una vez que el gobierno de Rafael Moreno Valle se niegue a aceptar que está violando la Constitución.
Reconocieron que buscarán una entrevista con los diputados del Partido Revolucionario Institucional para formar un frente común y con la ley en la mano hacer que se dé marcha atrás a la reforma inconstitucional.
La diputada Roxana Luna reiteró que la modificación a la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, es un acto inconstitucional, pero deberán ser los ayuntamientos, en caso de que se sientan afectados por la misma reforma, quienes recurran al amparo de la justicia federal o a la controversia.
La legisladora federal advirtió que hay inconsistencias en la propuesta, ya que se trata de privatizar un recurso que debe manejar el estado para satisfacer la demanda de los ciudadanos.
Recordó que desde hace un mes planteó que la constitución en, el artículo cuarto, es clara en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, como lo señala el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. el estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
”Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
La diputada federal dijo que el órgano legislativo no establecerá las tarifas, pues éstas quedarán de acuerdo a los organismos operadores conforme a la adición al artículo 118 bis: “Los prestadores de servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integran de Servicio Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 23, de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley, y otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso”.
Roxana Luna expresó que se trata de una acción para privatizar el servicio, pero sobre todo no hay una rectoría del estado, como lo marca la propia Constitución federal.
Finalmente, advirtió que una situación grave es que los ciudadanos no podrán interponer un amparo por esta medida, sino que tendrían que ser los propios ayuntamientos los que acudieran a la justicia federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una controversia.
Además, informó que en su papel de legisladora federal orientará a los ediles, pero además llevará el tema a la máxima tribuna del país para denunciar los intentos privatizadores del gobierno de Puebla, fuera de la Constitución.
